Las escuelas públicas merecen una mejor custodia

Un nuevo acto de vandalismo contra un edificio escolar de La Plata se perpetró el fin de semana pasado contra la escuela secundaria Nº 91 de Olmos ubicada en 52 y 207. Al retomar sus tareas luego del feriado largo, el personal del establecimiento se encontró con el equipamiento revuelto y diversos destrozos, notificándose luego que se registraba un importante falta de elementos escolares. El hecho aquí reflejado es uno más de una inexplicable sucesión de ataques contra edificios escolares, que se extiende desde hace años, sin que las autoridades atinen a mitigar la intensidad de esta inexplicable ola delictiva contra instituciones de naturaleza educativa.

Según las primeras informaciones suministradas a este medio, fue fácilmente visible que se habían causado daños en el mobiliario debido a que los atacantes rompieron los candados de prácticamente todos los muebles. Al mismo tiempo desde ayer se aguardaba la presencia de la Policía Científica, para determinar el modo de actuar que siguieron los malvivientes y la forma en que accedieron al inmueble.

El episodio se tradujo en el robo de equipos educativos de valor, así como los mencionados destrozos en muebles y aberturas. Se supo que en principio los ladrones se llevaron varias notebooks, celulares y mercadería que había en el comedor, en tanto que las autoridades escolares debieron suspender las clases mientras se aguardaban los peritajes de rigor.

Corresponde señalar, una vez más, que cuando se habla de robos a escuelas se alude, en primer término, a instituciones que prestan, acaso, el servicio más esencial para la sociedad –como es el de la instrucción y educación de los niños- y que, por tratarse de entidades públicas, no cobran nada a los alumnos, muchos de ellos de origen extremadamente humildes. Resulta, por cierto, tan irracional como extraño que existan sujetos capaces de atentar contra ellas.

En cuanto a los frecuentes robos y destrozos que sufren las escuelas, no deja de resultar llamativa la falta de noticias existente acerca de que se hubieran esclarecido algunos de esos delitos en los últimos años. Por lo pronto, en 2017 el Consejo Escolar detalló que no se habían podido esclarecer ninguno de esos episodios en los últimos cuatro años entonces computados. Es evidente que ha sido escasa, por no decir nula, la respuesta policial.

Se ha dicho también en esta columna, en forma insistente, que deben ser las propias comunidades educativas las que se ocupen de analizar a fondo un problema que les concierne de manera tan directa y que adquiere connotaciones y dimensiones cada vez más preocupantes, que incluyen aspectos relacionados a cuestiones educativas, sociales y culturales que debieran ponderarse.

Desde luego que, antes de ello, lo que también urge es que el Estado –en especial a través la fuerza policial, que debería realizar mínimas tareas de inteligencia en los barrios en donde se encuentran las escuelas atacadas- extreme mecanismos de prevención más eficaces, reforzando además la custodia que merecen instituciones que, como las escuelas, pertenecen a la sociedad y que, por consiguiente, no pueden seguir permaneciendo en el estado de constante indefensión en que se encuentran.