Polémica por fallo judicial que obliga a clínica porteña a suministrarle dióxido de cloro a paciente con Covid

La Justicia Federal ordenó el fin de semana al Sanatorio Otamendi de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a suministrar dióxido de cloro a un paciente que se encuentra internado en estado de gravedad a causa del coronavirus. La medida genero polémica y repudio de la comunidad médica debido a que la sustancia no se encuentra autorizada para el tratamiento del Covid-19.

La medida fue dispuesta por el juez federal Javier Pico Terrero, en el marco del tratamiento que lleva adelante el paciente Jorge García Rúa y responde una presentación que realizó el hijastro del hombre, José María Lorenzo, el pasado 7 de enero, para que se administre en carácter de urgencia nebulización de ibuprofeno y dióxido de cloro. La terapia fue autorizada por el neurocirujano del paciente, Dante Converti, según informó el diario Perfil.

En el fallo el magistrado expuso que "la cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora". En función de ello, el juez obligó al Sanatorio Otamendi a  "garantizar la implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante". 

La decisión judicial cayó mal en la comunidad médica, donde lo calificaron de "aberrante", ya que el tratamiento con dióxido de cloro para combatir al coronavirus no sólo no fue aprobado sino que es rechazado prácticamente en todo el mundo dado la peligrosidad que conlleva para la salud.

La primer entidad en levantar la voz en contra de la medida del juez federal fue la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), cuyo director, Omar Sued, deslizó: "Que un juez decida que un médico tiene que aplicar una sustancia para la cual no hay ninguna evidencia científica es realmente preocupante, sobre todo cuando es en forma endovenosa. No es decisión de un magistrado administrar una medicación que no conoce en un paciente, no es su rol".

Según el directivo "el Ministerio de Salud debería evaluar cuál es la legitimidad que tiene un médico para recomendar terapia que la misma Anmat alerta su riesgo de toxicidad". En ese sentido, desde el SADI temen que la resolución genere jurisprudencia.

En medio de la preocupación por la salud del paciente, según Perfil,  el Otamendi ya habría suministrado a García Rúa el tratamiento con inhalación de Ibuprofeno, que si bien no está aprobado ni probada del todo su efectividad, carecería de riesgos de toxicidad, a diferencia de las dudas que generan las terapias con dióxido de cloro.