La digitalización de expedientes en Educación frena miles de jubilaciones

Trabajé 47 años de mi vida para cobrar 16 mil pesos”, cuenta Ramona Solís sobre el drama que afronta en la tramitación de su jubilación, a la edad de 65 años y cesante desde 2019 de su labor como empleada auxiliar en una escuela primaria de Lanús. El suyo es apenas un caso representativo de un amplio grupo de extrabajadores auxiliares de la Dirección General de Cultura y Educación provincial, radicados en distintas ciudades, que vienen reclamando por el haber previsional desde la primera parte de 2019 e incluso mucho tiempo antes. Según la cartera educativa, hasta mediados de ese año hubo unos 12.000 expedientes que no fueron digitalizados y de ahí la demora, aunque ya se pudo avanzar con el 63,7 por ciento de las actuaciones.

En la prolongada espera, todos los que están en la misma situación que Solís, relatan percibir una suma de dinero equivalente apenas al 60 por ciento del último salario cobrado en actividad, con lo cual, a esta parte, han visto mermar sus ingresos hogareños y han entrado en una realidad cada vez más cuesta arriba, donde el desafío cotidiano pasa por afrontar con unos pocos pesos en el bolsillo el encarecimiento de servicios básicos, alimentos, medicamentos.

Con el trámite “estancado”, además del “congelamiento” del monto mensual, tampoco cobran aguinaldo y en ciertos casos ni siquiera tienen acceso a obra social. Y otra preocupación que plantean es el retraso del “premio” que les corresponde por cumplir con la totalidad de los años de servicio.

Cabe destacar que la Provincia promulgó este año una modificación de ley (N° 12.950, art. 1°) que establece la actualización del anticipo jubilatorio por paritarias y el cobro del proporcional del aguinaldo. La medida, impulsada desde el oficialismo, apuntó a tomar el reclamo del sector y a llevar alivio frente a la inflación. Pero los denunciantes consignan que todavía no tuvieron impactos en sus haberes fijos desde hace más de dos años.

En sus últimos 31 años de actividad laboral, Ramona Solís fue portera de la Escuela 79 de Villa Fiorito. El 31 de marzo de 2019 quedó cesante “por edad avanzada” y se inició automáticamente su trámite de acceso al régimen jubilatorio -los otros 16 años de aportes corresponden a otro trabajo en el sector público-.

Para el avance de esta diligencia, la Dirección General de Cultura y Educación debe gestionar un código de certificación de servicio. Este documento es clave para el giro del trámite a la órbita del Instituto de Previsión Social (IPS) y se dé curso a la jubilación en carácter de autoridad previsional de la Provincia.

Sin embargo, a dos años de iniciado su expediente, Solís asegura que la expedición del comprobante a presentar en el IPS se encuentra en stand by, dice, por demoras del departamento de Jubilaciones de Educación.

Estas oficinas se encuentran en La Plata pero permanecen cerradas al público en el marco de los protocolos sanitarios y laborales que rigen por la pandemia. Asimismo, asegura que “tampoco atienden los llamados telefónicos y no responden los mensajes por correo electrónico”.

Conforme la normativa, tras la cesantía laboral se asigna el cobro mensual del 60 por ciento del último sueldo, en el caso de Solís a marzo de 2019. El concepto de “anticipación de jubilación” persiste por el tiempo que dure la tramitación del beneficio.

DEMORAS EN LA DIGITALIZACIÓN

En torno a la problemática, la Dirección Provincial de Asesoramiento Jubilatorio, el área de Educación que se encarga de la emisión de las certificaciones que deben entregarse al IPS, adujo la existencia de una amplia cantidad de expedientes “con fecha previa a junio de 2019” que no pasaron anteriormente por el proceso de digitalización pese a que así lo establece “la normativa vigente desde 2016” (Ley 14.828), e indicó que desde el momento en que se detectó la situación “se avanza con celeridad en el procedimiento más allá del contexto de pandemia para que en los próximos meses estén todas las actuaciones al día”.

“Estos expedientes que estaban en formato papel se encuentran en este proceso de digitalización. Esto implica la creación de expedientes electrónicos mediante escaneo y nueva caratulación; son aproximadamente 12000 expedientes”, se precisó.

Al respecto, se destacó que “en esta tarea de actualización ya se ha avanzado en un 63,7%”, en tanto que “se mantienen al día los expedientes iniciados a través de la jubilación digital”.

“Se trabaja intensamente más allá de los inconvenientes propios de la pandemia, para dar respuesta a los trabajadores del sistema educativo que inician sus trámites jubilatorios. Cada año se abordan aproximadamente 15,000 actuaciones relacionadas con la tramitación de jubilaciones”, especificaron desde el área.

“ME MANTENGO COMO PUEDO”

Margarita Isabel Carballo tiene 64 años y su trámite de jubilación se inició en septiembre de 2018, luego de cumplir los 35 años de auxiliar en la Escuela 77 de Lomas de Zamora. A diferencia de Solís, su gestión personal también incluye el “premio” por cumplimiento de los años de servicio, que es la asignación por única vez de un monto equivalente a seis haberes mensuales. “Tengo un número de expediente, lo consulto en el sistema del ABC y no sale ninguna información nueva. Tampoco por mail ni por teléfono. Ya van dos años y medio”, dice. “Cobro 16 mil pesos y con eso me mantengo como puedo. Incluso no puedo usar IOMA por no estar jubilada: en IOMA me dicen que ‘hasta que no figure como jubilada no la puedo usar porque no pueden hacer el descuento’”, detalla.

Con el trámite “estancado” no cobran aguinaldo y en algunos casos no tienen obra social

“Nunca en mis 31 años de servicio como administrativa saqué una licencia. Y ahora no puedo cobrar mi jubilación”, señala por su parte Nélida Buades, cesante de su cargo de administrativa en el Consejo Escolar de Tigre desde el 31 de diciembre de 2018, también “por edad avanzada”. Ahora, con 68 años y con un cuadro de trombosis a cuestas, cobra alrededor de 15 mil pesos por mes y lamenta al mismo tiempo no poder contar con la posibilidad del aguinaldo.

Según describe, “por este trámite sufro de una depresión, y tengo que comprar pastillas que valen 2 mil pesos”. Y agrega: “Tengo que pagar luz, agua, gas, impuesto y medicación, y no llego”. “Mi nivel de vida cambió un montón a partir de todo esto”, dice.