Originan justificado temor las fugas de presos detenidos en cárceles y comisarías

La reciente fuga de un preso que escapó esposado de la Comisaría 11 de Ringuelet, ocurrida cuando descendía del vehículo que lo traía de los tribunales penales para ser alojado en esa dependencia, vino a exponer una vez más otro aspecto de las serias falencias que en materia de seguridad presenta el sistema penal.

Según pudo saberse, el acusado por el delito de “tentativa de robo”, aprovechó el momento en que abrieron la puerta lateral del camión celular que lo transportaba, para saltar ágilmente hacia la vereda de calle 14 y 530 donde se encuentra la comisaría y darse a la fuga hacia la esquina de 531. Se informó que varios agentes salieron detrás de sus pasos pero no pudieron darle alcance y lo perdieron de vista.

Más allá de que el episodio será investigado por la fiscalía de turno y de que también se inició en la repartición policial un sumario en la Auditoría General de Asuntos Internos, lo ocurrido no deja de sumarse a un nutrido historial de fugas de detenidos adultos o menores de edad, en episodios que pueden ocurrir en cárceles, comisarías, alcaldías o, como en este caso, durante un traslado.

En uno de los últimos años informados, los datos estadísticos hablaban de la apertura de 577 causas por fuga de presos (concretadas o por intentos), de las cuales sólo catorce llegaron a juicio y menos de la mitad tuvo sentencia.

Más recientemente se registraron fugas de presos en la Unidad 26 de Olmos, en una situación que le costó el puesto a varios jefes de ese complejo penitenciario, del cual habían escapado otros dos internos pocos meses antes, utilizando para ello los servicios de un remís. Pero las fugas de detenidos también se presentaron en distintas unidades carcelarias y policiales de nuestra ciudad y del resto de la Provincia.

Tal como se ha señalado en forma reiterada, estos hechos no deben ser considerados como episodios aislados, sino que se enmarcan en una grave problemática relacionada con deficiencias en el manejo y alojamiento de los detenidos, que deberían ser analizadas y corregidas por las autoridades policiales, penitenciarias y del área de minoridad.

Además del mandato constitucional sobre el tratamiento debido a los detenidos, corresponde asimismo dar respuesta al justificado temor de la población, que no deja de expresar su alarma ante la fuga de procesados o penados, muchos de los cuales suelen contar con frondosos antecedentes delictivos.

Debe recordarse que también se ha hablado y mucho en esta columna sobre la indebida permanencia prolongada de presos en las comisarías. Han existido sentencias judiciales, informes y otros estudios que dejan en claro la flagrante ilegalidad e, incluso, la inconveniencia de utilizar dependencias policiales para el alojamiento de presos.

Estas inquietudes debieran servir para reforzar la advertencia y provocar la reacción que, evidentemente, hace falta. Desde luego que es responsabilidad primaria de las autoridades estudiar detalladamente este problema y avanzar en la búsqueda de las soluciones de fondo.