Incertidumbre en el Consejo de la Magistratura: objetan la elección del representante de académicos

Sigue la polémica en torno a la integración del Consejo de la Magistratura, que desde esta medianoche quedó vedado su funcionamiento tal como está compuesto, mientras que el lunes se espera que se vote un consejero en representación de los académicos. Es en ese marco que los cambios en la forma de selección motivaron que sea objetada ante la Justicia la designación de la candidata Pamela Tolosa, que pertenece a la Universidad Nacional del Sur y llega con el guiño radical y de la oposición de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La Corte Suprema de Justicia, que es el organismo que designa y remueve jueces, dispuso la inconstitucionalidad de la integración de 13 miembros del Consejo de la Magistratura. En la explicación de la resolución adujo que estaba desequilibrado en favor de la política y en desmedro de las opiniones de los jueces y abogados. A partir de esa medida dio un plazo hasta la medianoche del viernes para que el Congreso dicte una nueva ley o que se regrese a la integración original de 20 miembros, con mas jueces, abogados y académicos y menos legisladores, además de que sea presidido por el titular de la Corte, Horacio Rosatti.

Es por ello que al haber finalizado el plazo que impuso la Corte, el Gobierno fracasó en el Congreso y los bloques oficialistas no pudieron aprobar una ley, ya que solo le dieron media sanción en el Senado. Por eso se debe retornar al cuerpo de 20 integrantes. Fueron elegidas dos consejeras abogadas (Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez), una consejera jueza (Agustina Díaz Cordero), pero el Congreso aún no envió a sus dos consejeros políticos (un amparo de un juez entrerriano se lo prohibió) y resta elegir al consejero académico que complete el número. Lo cierto es que con esta situación, ahora es todo tensión e incertidumbre, ya que no se sabe qué sucederá a partir del lunes. 

Cómo se llegó a esta situación

El fallo del máximo tribunal dictado en diciembre pasado, que había dado 120 días para una nueva ley, llegó a su fin y ahora todo apunta a lo que hará el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Según esa decisión de mediados del último mes del año, durante estos cuatros meses el Congreso debía aprobar una nueva conformación o el propio Consejo debía volver a la integración de 2006, cuando eran 20 los miembros y el titular de la Corte era su presidente.

La actual composición de 13 integrantes fue declarada inconstitucional. El Frente de Todos propuso un Consejo de 17 miembros, algo que avanzó en el Senado, pero quedó trabado en la Cámara de Diputados. Para volver a los 20 consejeros, los abogados, académicos y jueces ya eligieron a sus representantes para enviar al órgano, pero la tensión está puesta en los dos miembros que debe designar el Congreso, uno por cada Cámara. 

El PRO eligió al senador cordobés Luis Juez y el radicalismo propuso a la diputada santacruceña Roxana Reyes. Sin embargo, un fallo de la Justicia Federal de Entre Ríos le prohibió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al jefe de Diputados, Sergio Massa, enviar oficialmente a sus representantes.

Para Juntos por el Cambio, esa decisión de un juzgado de primera instancia no tiene validez ante una declaración de inconstitucional dictada por la Corte Suprema. De hecho, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que había iniciado la causa contra la conformación del Consejo en 2006, le reclamó al alto tribunal que deje sin efecto el fallo del magistrado Daniel Alonso, quien hizo lugar a una cautelar del diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto.

Así las cosas, con una integración a medidas, la vista está puesta en lo que hará la Corte a partir del lunes, ya que podría avanzar con la vuelta de los 20 miembros, mientras el Gobierno busca forzar una extensión de la fecha límite para poder lograr una ley.

La norma que propuso el oficialismo excluye al presidente de la Corte de encabezar el Consejo de la Magistratura y allí reside el principal punto del cortocircuito. Este lunes, con el plazo para una ley ya vencido, el máximo tribunal del país deberá adoptar un línea de acción y, antes que nada, resolver qué hará con el fallo de Entre Ríos, mientras el Frente de Todos resiste en el Congreso. Si no hay avances, la consecuencia directa es la paralización del Consejo de la Magistratura -órgano que designa, remueve y sanciona jueces en todo el país-, ya que la Corte Suprema aclaró en diciembre que si pasado el 15 de abril no había cambios, todos los actos del cuerpo iban a ser considerado inválidos.