Juicio a Cristina: un organismo oficial pidió su absolución

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los trece acusados en el juicio por supuestas irregularidades con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al plantear que “no existe la posibilidad de sobreprecios” por lo que consideró “irresponsable avanzar en la acusación”.

Así lo sostuvo en el alegato el abogado de la UIF Leandro Ventura, con lo cual descartó que corresponda encuadrar a los investigados bajo los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.

El alegato del representante de la UIF fue seguido por la Vicepresidenta y el resto de los acusados a través de la plataforma Zoom.

“facultades propias”

En el caso de la titular del Senado y exmandataria entre 2007 y 2015, el organismo consideró que su intervención en los hechos investigados se desarrolló “en el marco de facultades que le eran propias, en el marco de la Constitución Nacional y las leyes”.

“No es posible atribuir responsabilidad penal por una acción conforme a Derecho”, agregó casi al finalizar el alegato, que se extendió por casi tres horas, el también abogado de la UIF Alejandro Irachet.

Al extender esta interpretación a la situación de todos los exfuncionarios nacionales juzgados, la querella evaluó que queda “frente a una cuestión política, cuyo acierto o desacierto se encuentra excluido de control jurisdiccional”.

La UIF subrayó que “no se cuenta en el debate con el grado de certeza suficiente para afirmar la existencia de sobreprecios en las obras analizadas”, y apuntó en particular contra una cuestionada pericia contable realizada sobre las obras públicas de Santa Cruz, a la que reclamó “descartar” por sus “inconsistencias y falta de acuerdo entre peritos”, precisó.

Los abogados del organismo iniciaron su exposición ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 con el planteo de que la UIF debió haber desistido de su rol acusador en esta causa durante la administración anterior, en 2017, porque en ella no se investiga “lavado de activos”.

La UIF aludió a un “estado de duda insuperable” en relación a los presuntos sobreprecios, por lo que reclamó la “absolución de todos los acusados respecto al tipo penal de administración fraudulenta”.

Al no poder “acreditarse la existencia de un fraude”, la querella descartó también el otro delito que se ventila en el juicio, la figura penal de asociación ilícita.

“Resulta imposible probar la existencia de una asociación criminal”, puntualizó el organismo en referencia a esa acusación.

Penas para pocos

La querella sólo pidió una pena de un año de prisión en suspenso para seis exfuncionarios de la delegación Santa Cruz de Vialidad Nacional y de Vialidad de esa provincia por presunto incumplimiento de deberes al omitir controlar irregularidades en contratos adjudicados a empresas de Lázaro Báez.

Sin embargo, recomendó evaluar si el delito se encuentra prescripto por el paso del tiempo al concluir el alegato en cumplimiento a la “instrucción del presidente” de la UIF.

En cuanto a Báez, propietario de Austral Construcciones, el organismo también pidió la absolución por todos los delitos en base a los cuales llegó a juicio.

el turno del fiscal

Tras la exposición final de la UIF, cuyo alegato tenía asignado una duración de tres jornadas pero ya concluyó, el juicio se reanudará el 1º de agosto próximo con el alegato del fiscal de juicio Diego Luciani, que se extenderá por nueve audiencias y que tendría un dictamen acusatorio por los cargos.

La Vicepresidenta se conectó de manera remota al Zoom, al igual que el exministro de Planificación Julio De Vido, el empresario Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López.

Desde la sede de Comodoro Py 2002, el juez Jorge Gorini del TOF 2 dio por abierta la primera audiencia de alegatos a las 9.30, tras comprobar que los 13 acusados estaban conectados con cámaras prendidas al juicio, que, a raíz de la pandemia, se realiza de manera virtual desde agosto de 2020.

El Tribunal está integrado por los jueces Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

La Oficina Anticorrupción (OA) era querellante en la causa pero desistió de ese rol y de presentar acusación, por lo cual tras la presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas.

El juicio, que comenzó el 21 de mayo de 2019, pocos días después de que Cristina anunciara su alianza con Alberto Fernández, entra así en su recta final.