Las pruebas de corrupción que llevaron a confirmar la pena

Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por fraude contra la administración pública. La justicia determinó que durante su mandato favoreció de forma sistemática al empresario Lázaro Báez. La maniobra derivó en un perjuicio multimillonario contra el Estado nacional. Estos son los puntos clave de un largo proceso que concluyó con la confirmación de la pena a la exmandataria:

Un decreto clave y fondos sin control

Una de las piezas fundamentales de la maniobra fue el decreto presidencial 54/2009, que modificó un fideicomiso para que la Dirección Nacional de Vialidad pudiera recibir fondos sin restricciones. El tribunal consideró que esta norma “creó una fuente ilimitada de financiamiento” en un “contexto de opacidad”, que permitió a los funcionarios disponer de los recursos con total discrecionalidad.

Cristina Kirchner también delegó en su secretario de Obras Públicas, José López, la potestad de modificar ese fideicomiso. Esa decisión fue clave para el desvío de fondos. Según el juez Mariano Borinsky, integrante de la Cámara de Casación, esto resultó en un grave daño para el erario público y demuestra que la entonces mandataria “conocía y aprobaba” la maniobra.

El ascenso exprés de Báez

Otro eje del caso fue la creación ad hoc de Lázaro Báez como empresario de la construcción, apenas asumió Néstor Kirchner la presidencia. “De la noche a la mañana se convirtió en contratista del Estado, sin tener antecedentes ni empresas a su nombre”, señaló el fiscal Luciani. Báez era amigo personal de Kirchner y, según la acusación, su rol fue clave para montar un entramado que se extendió luego bajo la presidencia de Cristina Fernández.

Hotesur y el dinero que volvía

La justicia también valoró los indicios de que parte de los fondos adjudicados a Báez regresaban al entorno presidencial a través de empresas familiares, una hipótesis que se investiga en la causa paralela conocida como Hotesur. Aunque ese expediente aún no fue juzgado, los jueces del caso de la obra pública señalaron que el flujo de dinero del Estado hacia el empresario Báez terminaba, en parte, en los negocios privados de los Kirchner.

Chats, reuniones y un plan para “limpiar todo”

Una de las pruebas más contundentes fueron los mensajes de WhatsApp extraídos del celular de José López, quien se convirtió en una pieza central de la investigación. En esos chats se evidenció la existencia de reuniones entre López, Cristina Kirchner y Báez durante los últimos días de su gobierno, entre noviembre y diciembre de 2015, tras la derrota electoral ante Mauricio Macri.

Los fiscales identificaron lo que denominaron el “plan limpiar todo”, consistente en cerrar las empresas de Báez, despedir trabajadores y garantizar el cobro de los pagos pendientes por obras públicas inconclusas. De hecho, en ese lapso Báez cobró 537 millones de pesos por trabajos que no fueron terminados.

En los intercambios también se habla de reuniones en Olivos con “la jefa” o “la Pta.”, en referencia directa a la expresidenta. Según los jueces, Cristina Kirchner no solo estaba al tanto, sino que “avaló y coordinó” el tramo final de la maniobra.

Obras sin terminar, cartelización y sobreprecios

Durante el juicio se presentaron múltiples pruebas de obras abandonadas, tramos sin pavimentar y contratos adjudicados con sobreprecios. Las licitaciones eran ganadas por empresas del propio grupo Austral, sin competencia real, lo que configuró un esquema de cartelización para quedarse con la obra pública.

Este sistema se ejecutó a través de López, quien luego protagonizaría el escándalo de los bolsos con nueve millones de dólares lanzados a un convento. La falta de control y las licitaciones amañadas fueron el canal para garantizar a Báez el cobro de cifras millonarias del Estado.

Una estructura de poder y negocios

La sentencia consideró probado que Cristina Kirchner utilizó su rol como presidenta para garantizar el desvío de fondos en favor de un empresario amigo y socio comercial. El plan, iniciado durante la gestión de Néstor Kirchner, se perfeccionó bajo su presidencia y terminó afectando gravemente al patrimonio del Estado.