Jubilados: el día que Cristina Kirchner les dijo “no”, como quiere hacer Milei

El 14 de octubre de 2010, Cristina Kirchner subía al atril en el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada y pronunciaba palabras que resonarían durante años: “He vetado esta ley de quiebra”.

Se refería al proyecto que, con desempate del entonces vicepresidente Julio Cobos -al que Cristina llamaba “okupa”-, el Senado había convertido en ley y que establecía que las jubilaciones mínimas pasaran a representar el 82% del salario mínimo. La presidenta de entonces se defendió de las críticas políticas con un tono desafiante: “Cuanto más me pegan, más fuerza me dan”.

Y aclaró que no le temía al costo político de su decisión. Para ella, la norma que vetaba era, sencillamente, “una estafa para los jubilados”.

números versus derechos

Por aquellos años, la jubilación media equivalía al 36% del salario medio. El proyecto vetado buscaba que las jubilaciones mínimas alcanzaran el 82% del salario mínimo. Para muchos, se trataba de un acto de justicia con haberes que venían atrasados desde la salida de la convertibilidad: entre 2001 y 2010, los salarios habían subido 271%, mientras que las jubilaciones sólo 183%.

Sin embargo, el Gobierno de Cristina argumentó que el costo de la iniciativa -equivalente a un 6% de la recaudación proyectada para 2011- pondría en jaque las cuentas públicas. El veto abrió entonces un debate que se mantiene hasta hoy: ¿deben las jubilaciones supeditarse al equilibrio fiscal o es el Estado el que debe ajustar su presupuesto para garantizar derechos adquiridos?

Cristina vs. Milei

Quince años después, Javier Milei se encuentra ante un dilema similar. El Congreso aprobó recientemente un proyecto que recompone las jubilaciones, implicando un aumento de 0,4 puntos porcentuales del PBI anualizado, por el impacto del bono de $100.000 y un ajuste del 7% para todos los haberes.

A diferencia de la ley de 2010, que implicaba un cambio hacia adelante (sin aumento inmediato del gasto) pero con consecuencias explosivas en el tiempo, la norma actual tiene un impacto fiscal más inmediato, aunque de menor magnitud estructural.

Aquella ley era totalmente inviable y la de hoy incompatible con el nivel de superávit que el Gobierno propone.

El 82% móvil hubiera exigido duplicar la inversión previsional a mediano plazo, mientras que el proyecto actual apunta a recuperar poder adquisitivo perdido tras la aceleración inflacionaria de 2023.

Política, relato y memoria selectiva

Cristina Kirchner, en su discurso de aquel 14 de octubre, recordó el recorte del 13% a jubilados que aplicó José Luis Machinea, ministro de Fernando de la Rúa, en 2000. Cuestionó también el default de 2001 y el ajuste de la Alianza. Pero omitió mencionar que en 1992, apenas asumido como gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner -sentado junto a ella en aquel acto- había reducido por decreto un 15% los salarios públicos y las jubilaciones provinciales.

Trece días después de ese veto, Néstor fallecería, dejando a Cristina al frente de un país donde el déficit fiscal financiero pasaría del 1,4% del PBI en 2010 al 3,4% en 2011, en plena carrera por su reelección.

En 2010, la bancada kirchnerista cerró filas detrás del veto. El senador Eric Calcagno advirtió que el 82% móvil “no se puede pagar con los fondos de la ANSeS” porque generaría “un sistema jubilatorio gravoso e ineficaz que dinamita la seguridad social y mete el déficit en el Presupuesto”.

José Mayans, entonces número dos del bloque, afirmó que no había manera de conseguir los fondos. Incluso Luis Juez, opositor, reconoció: “No están los fondos para dar el aumento, pero hay que pelearse con alguien para conseguirlos”.

Una misma tensión

Hoy, la historia parece repetirse. Javier Milei sostiene que vetará el proyecto aprobado en el Congreso porque, según su visión, el equilibrio fiscal es innegociable. Cristina, hace 15 años, también decidió decirles que no a los jubilados, anteponiendo la sostenibilidad de las cuentas públicas. La diferencia está en el contexto y en el tamaño de la bomba fiscal que cada proyecto implicaba. Pero en el fondo, la tensión es la misma: entre derechos adquiridos y números que no cierran.