Millones de chicos sufren inseguridad alimentaria en el país

La inseguridad alimentaria que afecta a los niños y adolescentes, sean varones o mujeres sigue siendo uno de los más graves y delicados problemas estructurales en la Argentina. Tal conclusión se desprende ahora del informe publicado en las últimas jornadas por la Universidad Católica Argentina (UCA), que señaló que el fenómeno alcanzó en 2024 al 35 por ciento de esa franja etaria en el país.

Así se desprende de los datos recolectados entre 2010 y el año pasado, que revelan un problema en crecimiento. En el trabajo publicado en este diario surge que, mientras que entre 2010 y 2017 el porcentaje de niños afectados se mantenía alrededor del 20 por ciento, a partir de 2017 la cifra comenzó a subir para alcanzar un 37 por ciento en 2020.

A pesar de una leve recuperación en los años siguientes, la cifra en 2024 sigue siendo alarmante, alcanzando un 35,5 por ciento. Es decir, un tercio de los niños y adolescentes en el país sufren privaciones alimentarias. Dentro de este panorama, aproximadamente la mitad de los afectados experimentan situaciones graves, como el hambre por no tener qué comer.

En cuanto a la distribución geográfica, el informe señala que desde 2017 el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha sido más afectada por la inseguridad alimentaria que el interior del país.

Según se detalló en este diario, el trabajo de la UCA detalla que, a lo largo de los años, pertenecer a un hogar numeroso y la precariedad laboral de los adultos se han convertido en factores determinantes para el aumento de la inseguridad alimentaria.

El informe reveló que los grupos más afectados son los niños que provienen de hogares monoparentales, numerosos (con 5 o más integrantes), pobres en términos económicos, y aquellos cuyos adultos de referencia tienen trabajos precarios o están desempleados.

Un drama alimentario injustifiacable -por ocurrir en un país que cuenta con tierra fértiles y climas propicios- golpea a millones de niños en la Argentina. Se ha permitido que la mala o muy pobre alimentación constituya un grave desequilibrio ahora endémico para la salud de millones de chicos.

Hace años que varios grupos postulan en el país la sanción de la “ley del buen samaritano”, que protegería a todas aquellas personas físicas y jurídicas en situaciones de emergencia ofreciéndoles productos alimenticios. Son muchísimos los alimentos, por ejemplo, que grandes centros comerciales descartan por día y que bajo mínimas supervisiones podrían ser aprovechados. Esa ley ofrecería inmunidad a las personas o empresas que asistan en estas emergencias y que lo hagan sin esperar remuneración alguna.

Como prioridad debe reclamarse la presencia del Estado, a través de sus organismos sanitarios y asistenciales para que garanticen a esos chicos una alimentación equilibrada y saludable. Tampoco debieran faltar partidas presupuestarias –distraídas muchísimas veces en finalidades suntuarias- para mitigar y hasta evitar este desgraciado panorama.