Docentes reclaman en Tandil la aplicación de un protocolo contra la violencia

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) emitió un comunicado solicitando la implementación urgente del Acuerdo Paritario sobre prevención, erradicación, resguardo y reparación por hechos de violencia y acoso hacia docentes, en el marco de las leyes 10.579 y 13.688. El pedido se conoció luego de un episodio de tensión ocurrido en la Escuela Nº 2 de Villa Laza, aunque desde el sector remarcaron que el reclamo excede ese caso puntual.

"El comunicado tiene más que ver con empezar a instalar de alguna vez y para siempre que las escuelas son territorios de paz y que nosotros en las escuelas trabajamos con niñas, niños y jóvenes. No podemos estar siempre expuestos a situaciones que rompen con esa tranquilidad y con nuestra regularidad de trabajo. Nosotros en las escuelas estamos educando, estamos enseñando, estamos tratando de instalar convivencia, estamos instalando acuerdos y demás, y la verdad que estas irrupciones vienen a romper un poco eso", expresó Estela Sinópoli, secretaria general de Suteba Tandil, en diálogo con El Eco Multimedios.

El hecho que motivó el pronunciamiento ocurrió el jueves 3 de julio, cuando una madre ingresó a la institución y, según trascendió, insultó a docentes presentes. Sin embargo, Sinópoli aclaró que no se trata solo de un episodio aislado. “Sin ánimo de puntualizar específicamente el conflicto que sucedió en esta escuela, sí es cierto, y como lo vengo diciendo ya desde hace mucho tiempo, cuando la crisis económica y social se profundiza, los primeros lugares en donde la gente recurre, porque siempre están abiertos y a disposición, son las escuelas o los hospitales”, agregó.

Desde el FUDB Tandil manifestaron su repudio a todo acto de violencia hacia las y los docentes, tanto dentro como fuera del ámbito escolar. “Reafirmamos con firmeza que las escuelas son territorios de paz, espacios de construcción colectiva, de diálogo, de respeto y de derechos. Atentar contra la integridad de quienes día a día sostienen la educación pública es también un ataque al derecho social a la educación y a la convivencia democrática”, indicaron en el comunicado.

En ese marco, insistieron en que el protocolo acordado debe aplicarse de forma concreta. “Esta herramienta es fundamental para que las y los docentes puedan desempeñar su labor en un entorno seguro, con garantías de respeto, protección y acompañamiento ante situaciones de violencia o conflicto, promoviendo así un espacio educativo en el que se garanticen los derechos para toda la comunidad”, explicaron.

“Es un acuerdo que tenemos y que vamos a hacer valer”, afirmó Sinópoli, quien remarcó la necesidad de una implementación efectiva para asegurar la protección de los trabajadores y trabajadoras en las escuelas. Además, subrayó el rol de las instituciones educativas como espacios de contención, aunque advirtió sobre los límites de esa función. “Es cierto que la escuela abraza, es cierto que la escuela abriga allí donde el gas funciona, es cierto que la escuela da de comer y para los chicos es a veces la única comida que tienen en el día, pero también tenemos límites y nos parece que los demás organismos tienen que hacerse responsables de la parte que les toca”, concluyó.