Presos con celulares para cometer delitos desde las cárceles

No deja de causar sorpresa y hasta desaliento comprobar que, pese a los supuestos controles y a las declamadas prevenciones que dicen tomar las autoridades penitenciarias, las cárceles sigan siendo centros de operaciones de delincuentes y muchas bandas delictivas que, desde sus celdas “manejan” la actividad delictiva en el exterior a través de teléfonos celulares.

No hace mucho una causa que tramitó la Justicia federal platense –en un expediente que demandó un año y siete meses de investigaciones- permitió comprobar que desde los calabozos se condujo y mantuvo activa a una peligrosa banda dedicada al narcotráfico. Pero ese fue, tan solo, un caso más. Se sabe por ejemplo, que desde las cárceles se hacen llamadas en horas de la madrugada a domicilios, simulando secuestros y reclamando rescates. Esas llamadas logran muchas veces su cometido.

Días atrás un fiscal penal de San Isidro pidió que se prohiban los celulares en las cárceles y terminar de ese modo con el flagelo del llamado “mando remoto”. En la causa, la medida concreta que pidió el magistrado abarca a los 40 detenidos en esa causa iniciada contra la “Banda del Millón” señalada como responsable de homicidios y una larga serie de robos violentos en el norte del Conurbano que usa a menores de edad para cometer los delitos que planean los líderes desde las cárceles.

Tanto en el Congreso, en donde un grupo de legisladores presentó un proyecto para que se sancione una ley nacional que prohiba la tenencia de celulares en los establecimientos penitenciarios, como en la Legislatura bonaerense existen iniciativas encaminadas a concluir con la alternativa de que el delito siga siendo conducido desde los calabozos. Existe decisiones de algunas Cortes provinciales, como la de Mendoza, que prohibe el uso de celulares a los presos.

Algunos penalistas sostienen que este es el resultado de políticas penitenciarias poco profesionales que, en los últimos tiempos –en especial a partir de la pandemia, que es cuando se permitió el uso de celulares en las prisiones, aunque ese motivo desapareció hace cinco años- llevaron el estado de cosas a un nivel que logró poner en colapso a buena parte del sistema penitenciario tanto provincial como federal.

No se trata de violar ningún derecho constitucional o de transgredir leyes, sino, tan solo, de no permitir que la delincuencia siga operando desde las cárceles. Se trata de ponderar cuáles deben ser los bienes tutelados y ello conduce a la sana conclusión de que una condena penal apunta a la reinserción social de un prisionero. Y no a permitirle que utilice al calabozo como guarida para delinquir.

Suficientes dramas atraviesa la población, desbordada por una delincuencia que no le da respiro, como para que desde las cárceles sigan operando ladrones, secuestradores, homicidas o narcotraficantes. Las medidas a tomar debieran apuntar a devolverles a las cárceles los niveles de seguridad y reeducación de los presos. Y no permitir el absurdo de que los presos reincidan en prisión, mientras cumplen sus condenas.