La inquietud por las usurpaciones moviliza a vecinos e instituciones

El destino de las tierras de Abasto que semanas atrás fueran usurpadas, desalojadas y luego declaradas como sujetas a expropiación está en el ojo de la tormenta; una etapa de calma e incertidumbre, en la que todos permanecen a la expectativa de lo que pueda suceder. Anoche, entidades y vecinos de la zona oeste platense se reunieron para dar forma a un documento que será presentado ante el Ejecutivo provincial.

Asimismo, expresaron su honda preocupación por la problemática de las usurpaciones de terrenos en distintos barrios platenses y al cierre de esta edición seguían reunidos, evaluando distintas alternativas para ponerle freno a esa escalada.

Entre los principales lineamientos del petitorio, las instituciones piden ser tomadas en cuenta a la hora de bosquejar las eventuales urbanizaciones en los campos comprendidos a grandes rasgos entre 520, 530, 213 y 217. Y proponen mecanismos y parámetros de asignación para los lotes que sean expropiados y cedidos con “fines sociales”.

El concurrido encuentro tuvo lugar a partir de las 20,30 en la sede que Olmos Asociación de Comercio Industria y Servicios tiene en 199 entre 45 y 46. Allí se acercaron referentes barriales y dirigentes; entre los que manifestaron su adhesión se cuentan las cooperativas de agua y teléfono de Abasto; el cura párroco de Abasto; Abasto Asociación de Comerciantes; Olmos Asociación de Comerciantes; cooperativa de Agua de Olmos; Rotary Club de Olmos; la Cooperadora de la Escuela Nº119; la Asociación de Productores Fruti-Hortícolas; y la Cámara La Plata Oeste (CALPO). También estuvieron Unión Vecinal Etcheverry; Círculo Marchigiano; Cooperativa Tres Límites; Centro de Fomento Río de La Plata de El Peligro; club Unidos de Olmos y cooperativa San Ponciano de Olmos.

Asimismo se dieron cita autoridades policiales y comunales de Abasto, Olmos, Angel Etcheverry y El Peligro.

contundente rechazo

Durante el encuentro se escucharon duras expresiones contra la usurpación y expropiación en Abasto. Participó, en ese marco, el agente inmobiliario Alberto Mattioli, quien expuso su postura en torno al reciente conflicto por los terrenos de 520 y 214. Como se informó, el 12 de mayo pasado, los diputados y senadores bonaerenses aprobaron por unanimidad la expropiación de casi 50 hectáreas de terrenos de Abasto para el “desarrollo de planes de viviendas únicas, familiares y de ocupación permanente”.

Entonces, las familias que habían protagonizado la toma y -luego un prolongado campamento en plena avenida 520, a la altura de 212-, accedieron a liberar el enlace vial y se instalaron frente al predio de la discordia. Allí permanecen.

Anoche, la volatilidad de esa situación fue centro del análisis. Durante el cónclave que tuvo lugar en OACIS, los vecinos subrayaron que siguen “en estado de alerta”, y que los conatos de usurpación y movimientos “sospechosos” se multiplicaron en Olmos, Abasto, Etcheverry y El Peligro, localidades que cuentan con extensos descampados y parcelas en las que se desarrollan múltiples actividades hortícolas.

“Corren muchas versiones” admitió Jorge Martínez, titular de OACIS: “vamos a tratar de llegar al gobernador porque creemos necesario integrar una mesa de diálogo realmente representativa de los intereses de la gente y los productores de la zona”.

El dirigente advirtió que “en Abasto no se puede improvisar con la calidad de vida de quienes necesitan un hogar, ni de quienes ya lo tienen, y tampoco dejar la puerta abierta a oportunistas, porque en 214 y 520 siempre se ven camiones y camionetas caras. Buscamos paz y un proyecto justo y equitativo”.

En el petitorio que se elevará al Ejecutivo se aboga por “un trabajo articulado” entre diferentes estamentos de la administración pública, y se propone -en lugar de hacer efectiva la expropiación- la firma de un convenio entre el actual tenedor de la propiedad de la tierra y el estado provincial, por el que “el tenedor cedería quince hectáreas para loteos sociales, incluyendo sedes educativas y de salud”.

“Con esto se evitaría violar los contratos de alquiler que están en vigencia para la producción fruti-hortícola”, se explicó. Los beneficiarios de los lotes, se propuso, “deberán ser en un 80 por ciento familias con necesidades de vivienda que certifiquen residencia de 5 años en la localidad, y con hijos certifiquen que concurren a escuelas de la zona”.