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Los hicieron distintos sectores del Poder Judicial y de fuerzas de la oposición
La Justicia federal porteña comenzó a recibir de manera masiva pedidos de declaración de inconstitucionalidad de la nueva ley del Consejo de la Magistratura de parte de asociaciones de jueces, abogados, partidos políticos y particulares, uno de ellos ante la Corte Suprema de Justicia.
El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial la ley 26.855, lo que dio entrada en vigencia a la norma, e inmediatamente comenzaron a llegar los amparos a Tribunales.
Las presentaciones fueron del titular del Colegio de Abogados, Jorge Rizzo (a título personal); de una agrupación que él lidera, Gente de Derecho, y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
A ellas se suman las que presentaron dos abogados particulares, y otra de un grupo de jueces.
También hubo presentaciones de la UCR, del Frente Amplio Progresista (FAP) y otra conjunta que presentaron los diputados Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) y Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur).
EN DISTINTOS JUZGADOS
Un conteo inicial de las presentaciones permitió determinar que seis se hicieron ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, nueve en el juzgado electoral de la jueza María Servini de Cubría y una ante la Corte Suprema, informaron fuentes judiciales.
En el fuero Contencioso se presentaron el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), la Federación Argentina de Colegio de Abogados (FACA), seis camaristas nacionales y Federales, la agrupación Será Justicia y los abogados Horacio Minotti y Denis Fletcher.
Las acciones -amparos y procesos de conocimiento- quedaron radicados ante los jueces María Alejandra Biotti (le tocó el del CPACF y el de los camaristas), Esteban Furnari (el de la FACA), Enrique Lavié Pico (el de Fletcher), Pablo Cayssials (el de Minotti) y Liliana Heiland (el de Será Justicia).
En tanto, ante Servini de Cubría se presentaron también la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN); dos listas del CPACF, entre ellas Gente de Derecho, de su presidente, Jorge Rizzo; la UCR, el Frente Amplio Progresista (FAP), los diputados nacionales Carrió (Coalición Cívica) y Solanas (Proyecto Sur), la diputada nacional Patricia Bullrich (Unión Por Todos), el diputado nacional Alberto Asseff (Frente Peronista) y el partido “El Movimiento”.
INCONSTITUCIONAL
En todos los casos objetaron la nueva ley del Consejo y pidieron que se declare su inconstitucionalidad por violar lo que fija la Carta Magna sobre la integración y la elección de los representantes ante el Consejo.
Además, en la gran mayoría de los casos reclamaron que se dicte una medida cautelar que frene la aplicación de la ley hasta tanto se resuelve el fondo del reclamo.
En tanto, el abogado e integrante del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi también anunció que hoy hará una presentación contra la ley.
Asimismo se cuentan las que se presentaron en otras jurisdicciones por fuera de la Capital Federal, como la que hizo el Colegio de Abogados de Córdoba en esa Ciudad y las que se prevé harán otras entidades de abogados en el interior del país
El Gobierno publicó ayer la ley en el Boletín Oficial y fijó el llamado a elecciones de los representantes de los jueces, abogados y académicos del Consejo paras lo comicios abiertos del próximo 11 de agosto (ver página 5).
La nueva ley eleva de 13 a 19 los integrantes del cuerpo y establece que los jueces abogados y académicos sean elegidos por el voto popular y el nuevo régimen de mayoría simple de miembros para enviar a juicio político a un juez, que elimina la mayoría agravada que regía hasta ahora.
El presidente de la AMFJN, Luis María Cabral, dijo que la ley del Consejo es una “vía de politización partidaria” del cuerpo que da un “predominio de una mayoría electoral circunstancial” y no descartó ir con un “per saltum” a la Corte Suprema en caso que Servini de Cubría rechace el amparo.
Ante el máximo tribunal ya se presentó el abogado Ricardo Monner Sans para solicitar la inconstitucionalidad de la ley en una causa que inició contra la anterior del ley del Consejo que también había impugnado y que la Corte no resolvió (ver recuadro).
EL CAMINO JUDICIAL
Todas las demandas iniciarán un camino judicial que tiene distintas variantes según la decisión que tome cada juez.
Las opciones, explicaron las fuentes consultadas, van desde el dictado de una medida precautelar que posiblemente frene la ley, hasta el pedido al Estado que dé su opinión sobre las presentaciones antes de resolverlas.
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