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El país |A PESAR DEL RECHAZO OPOSITOR

El oficialismo buscaba convertir en ley el acuerdo con Repsol

Esta madrugada se extendía el duro debate en Diputados

24 de Abril de 2014 | 00:00
DIPUTADOS AYER AL COMIENZO DE LA EXTENSA SESIÓN POR LA APROBACIÓN QUE NECESITABA EL GOBIERNO
DIPUTADOS AYER AL COMIENZO DE LA EXTENSA SESIÓN POR LA APROBACIÓN QUE NECESITABA EL GOBIERNO

La Cámara de Diputados extendía al cierre de esta edición el fuerte debate por el proyecto de ley que habilita el acuerdo entre el Gobierno nacional y la empresa Repsol por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF, que prevé un pago de 5 mil millones de dólares en títulos a la compañía española.

Para el momento de la votación el partido del Frente para la Victoria (FpV) aspiraba reunir más de 135 votos, una cifra cercana a la que obtuvo para iniciar la sesión, merced al respaldo propio y de los bloques del Frente Cívico de Santiago del Estero, de Nuevo Encuentro, del Movimiento Popular Neuquino, del Movimiento Solidario Popular, los diputados referenciados en Hugo Moyano y el del PJ La Pampa.

La sesión empezó a las 12:10 ayer con la defensa del acuerdo por parte del diputado Mario Metaza, presidente de la comisión de Energía y Combustibles y miembro informante del kirchnerismo, quien afirmó que “es invalorable haber concluido de manera amistosa” el conflicto que mantenía el Gobierno con la petrolera española.

Pese a los argumentos del oficialismo, la iniciativa era rechazada por el radicalismo y sus socios del Frente Amplio Progresista en el flamante FAUNEN como la Coalición Cívica ARI, mientras que anticiparon su abstención los representantes de Unión PRO, el Frente Renovador y Compromiso Federal.

DISTINTAS VOCES

Tras la exposición de Metaza, el presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, el kirchnerista Roberto Feletti, dijo que la deuda que se emitirá para pagar la expropiación de YPF, “es para comprar un activo” y acusó a la oposición de hablar, “en términos tan falaces buscando la desvirtuación de políticas de Gobierno”.

Seguidamente, el santacruceño Eduardo Costa fue el encargado de anunciar el voto negativo de la UCR al proyecto oficial porque, argumentó, “significa priorizar la deuda externa por sobre la deuda interna” y remarcó que en la tasación de la petrolera no se evaluaron los pasivos ambientales.

Tras las fuertes denuncias de Elisa Carrió (ver aparte), a la hora de argumentar su oposición al convenio, los diputados del FAP, liderados por Hermes Binner, sostuvieron que el monto de la indemnización “es producto de la urgencia ante la necesidad de buscar fondos en el exterior” y que “no es justo ni razonable”.

La socialista Alicia Ciciliani señaló que el acuerdo con Repsol se hizo “sin tasación confiable” y anticipó que los 5 mil millones de dólares en bonos que se abonarán en cuotas y en títulos a los españoles será “significativamente mayor al estipulado en el acuerdo” porque las tasas de interés que se tomarán son “muy superiores a las internacionales”.

En tanto, Federico Sturzenegger fue el encargado de anticipar la abstención del macrismo con el argumento de que su bloque no quiere “obstaculizar” la iniciativa del Poder Ejecutivo y porque considera que “la incertidumbre jurídica que comenzó con un adolescente intento de confiscación debe ser subsanada”.

También el diputado del Frente Renovador, Gilberto Alegre, anticipó que su bancada se abstendrá en la votación al entender “que hay que pagar pero no estamos de acuerdo cómo se pactó ese precio” con la empresa española.

En cambio, el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola sostuvo que la Argentina está “comenzando un nuevo ciclo de endeudamiento que nos puede llevar a una cesación de pagos”.

En el acuerdo firmado con Repsol, el gobierno argentino se comprometió a promulgar antes del 1 de mayo la ley votada por el Congreso, con el aval al acuerdo y la autorización para la emisión de los títulos públicos que serán destinados al pago del resarcimiento, además de los avales de garantía.

De baja
El acuerdo con Repsol por YPF comprende también el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio

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