Fondos buitre aceptan negociar pero con el fallo de Griesa firme

PAUL SINGER, INVERSOR DE NML Y UNO DE LOS LITIGANTES CONTRA EL PAÍS

Los inversores alineados en los llamados “fondos buitre”, a los que Argentina debe pagar 1.500 millones de dólares en bonos en cese de pagos, pidieron ayer al juez de Nueva York Thomas Griesa que rechace un pedido que hizo nuestro país para que aplique una “medida suspensiva” aunque dejaron una puerta abierta para iniciar negociaciones.

Como se sabe, el gobierno de Cristina Kirchner pidió el lunes al juez Griesa que suspenda la sentencia que obliga al país a pagar lo adeudado con el argumento de que es “esencial” para cumplir normalmente el 30 de junio con los bonistas que, en canjes de 2005 y 2010, aceptaron títulos de menor valor que los declarados en cese de pagos en 2001. Al respecto, Argentina señaló que dicha suspensión le permitiría “entablar conversaciones con los demandantes en un plazo de tiempo razonable para este tipo de negociaciones” y evitar así un default.

TEMOR A EVASION

Sin embargo, Robert Cohen, abogado de NML Capital Ltd y otros fondos litigantes, dijo en un escrito dirigido a Griesa al que tuvo acceso la agencia de noticias AP que si se le concede más tiempo Argentina, el país tratará de evadir la orden judicial.

En ese sentido, los demandantes indicaron que aunque Argentina sostiene que una suspensión de la sentencia que ha sido respaldada por la Corte Suprema de Justicia estadounidense facilitaría las negociaciones, en realidad ocurriría “lo contrario”.

Además afirmaron que si Argentina paga el próximo lunes a los bonistas reestructurados no tendrá problemas para resolver el resto de sus deudas con los demás tenedores de bonos durante un posterior período de gracia de 30 días.

“Si Argentina es seria acerca de querer negociar una resolución, no hay razones por las que las negociaciones no podrían estar concluidas antes del 30 de julio que, debido a un periodo de gracia de 30 días, es la fecha efectiva para cumplir con el pago de los bonos reestructurados que están programados para el 30 de junio”, señaló el escrito.

Agregó que cinco semanas “es más que tiempo suficiente” para negociar una solución.

Según los litigantes, la suspensión serviría para que Argentina cuente con más tiempo para evadir sus responsabilidades y removería todas las presiones para que el país cumpla con la sentencia o negocie “soluciones razonables”.

“No es casualidad que el primer intento de arreglo de Argentina en más de una década se produzca sólo cuando enfrenta un plazo realista”, afirmaron.

A LA ESPERA

Asimismo lamentaron que a sólo seis días del 30 de junio, “las autoridades de Argentina todavía no han tomado ningún contacto con los acreedores principales y ni siquiera han tomado medidas para acordar dicha reunión”.

El ministro de Economía Axel Kicillof afirmó el lunes que el diálogo abierto con los demandantes bajo la supervisión de un mediador que ha elegido Griesa debe ser “en condiciones equitativas para el 100 por ciento de los acreedores y sobre todo a los que hemos reestructurado, a los que necesitamos pagar en el próximo vencimiento” de fin de mes.

Esa totalidad de acreedores incluye no sólo a los litigantes a los que hay que pagar lo estipulado en el fallo del juez neoyorquino -que representan un 1%-, sino a más de 92% de los bonistas que aceptaron los dos canjes de deuda y a un remanente que no litigó contra el país o que le inició juicio pero no logró fallos definitivos a favor.

El 30 de junio Argentina debe abonar 907 millones de dólares en cupones de deuda a los acreedores reestructurados, de los cuales 225 son pagaderos en Nueva York. Pero el fallo de Griesa establece que el país también abone al mismo tiempo y en efectivo a los “fondos buitre”.

El Gobierno sostiene que no está en condiciones de pagar a los demandantes en su totalidad.