Dólar: récord para el blue y sube el oficial

La iniciativa oficial de pagarle a los bonistas de la deuda reestructurada en el país agitó las aguas en todo el arco político y entre los principales economistas y abogados especialistas en temas de deuda pero además generó tensión entre operadores e inversores, que tomaron principalmente posiciones en dólares y llevaron la cotización, en el mercado paralelo, a 13,55 pesos, ampliando la brecha con el dólar oficial -que también aumentó unos centavos y cerró a 8,33 pesos para la venta- por encima de 62 por ciento.

Mientras, los ADR argentinos que cotizan en Wall Street sufrieron sensibles bajas. En cambio, en la Bolsa porteña hubo un alza de casi un por ciento (ver aparte).

para arriba

En las pizarras de la city porteña ayer el precio del dólar oficial pegó otro salto, esta vez de 4 centavos, un aumento de 0,48% con respecto al cierre del martes, primer día hábil de la semana.

En este mes, el valor del tipo de cambio oficial ya subió casi un 2% y registra el mayor incremento mensual de los últimos cuatro meses.

Algunos operadores y economistas apuntan a “micro devaluaciones” que operan desde el Banco Central (BCRA). Se suman a la devaluación del 23 por ciento que impulsó el Gobierno en enero de este año, que llevó el precio oficial del billete estadounidense de 6 a 8 pesos, valor que mantuvo hasta el inicio de abril. En julio ya se vendía a $8,20.

Mientras, el dólar blue marcó un nuevo máximo en $13,55 aunque en nuestra ciudad llegó a cotizarse 5 centavos más, en 13,60 pesos.

Operadores cambiarios apuntaban a esta nueva disparada a la depreciación del peso y a las dudas que habría recibido el mercado al proyecto oficial de ley para pagarle a bonistas en el país.

La demanda de dólares elevó asimismo el precio del “contado con liquidación” 41 centavos, cerrando para la venta en $ 12,19. También el llamado dólar “Bolsa” 35 centavos a $ 13,10. Esta suba, según trascendió, fue a última hora.

Mientras, el Banco Central compró alrededor de u$s 40 millones.

opiniones de economistas sobre el proyecto

El proyecto de ley para cambiar el domicilio de pago a los bonistas reestructurados impulsado por el gobierno nacional “consolida” el default de la deuda y provocará “mayor recesión y desempleo”, según el diagnóstico de la mayoría de los economistas consultados por la agencia Dyn.

En contraposición, el economista de La Gran Makro, Agustín D’Atellis, defendió la medida al alegar que “con esta iniciativa legal del Gobierno se está evitando un default el 30 de setiembre”, cuando opera el próximo vencimiento de intereses de la deuda reestructurada.

Fausto Spotorno, economista de la consultora Ferreres, auguró que la iniciativa provocará “mayor recesión y desempleo” y alertó sobre el riesgo de “un estrangulamiento de la actividad económica por falta de divisas”. En ese sentido, advirtió que habrá “más escasez de divisas”, dado que en este escenario el Gobierno “no podrá colocar deuda en los mercados internacionales”, por lo cual estimó como “probable” que se impongan “más trabas a las importaciones” y “puede venir un nuevo apretón por el lado del cepo cambiario”.

En coincidencia, el economista Eduardo Levy Yeyati, de la consultora Elypsis, afirmó que “esta decisión del Gobierno consolida el default dado que se cierra la puerta a una negociación con los holdouts en un futuro cercano” y “retroalimenta la recesión”.

En ese contexto, sostuvo que “habrá más escasez de dólares” lo que a su vez repercutirá en “menos posibilidades de acceso a financiamiento”, como en el caso de las provincias, al tiempo que acentúa “la sensación de crisis y percepción de problemas de empleo”.

“Todo eso retroalimenta la recesión, lleva a que la gente consuma menos, haya menos empleo”, planteó.

El economista Jorge Todesca, de Finsoport dijo que la decisión es un “salto al vacío de parte del gobierno” y que “será sumamente negativo para la economía”.

“Es sumamente negativo porque afecta a los tenedores de bonos reestructurados a los cuales se les cambia la jurisdicción, o sea que se les impone un castigo”, juzgó. Añadió que “respecto de la relaciones internacionales, independientemente de la opinión que cualquiera tenga sobre el fallo del juez (Thomas) Griesa, y la mía es negativa, es un fallo con validez legal y el país tendría que haber visto la forma en que se cumpla”.

En cambio, D’Atellis justificó que el proyecto “se enmarca en la lógica de preservar el cumplimiento” de los pagos “a los bonistas en tiempo y forma”.