Por “prematuro” y “precipitado”, apelan fallo que rechazó la denuncia de Nisman

El fiscal federal Gerardo Pollicita apeló ayer por “prematuro” y “precipitado” el rechazo del juez Daniel Rafecas al requerimiento fiscal en la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.

Y advirtió que “en beneficio” de los denunciados, entre ellos la Presidenta y el canciller Héctor Timerman, “corresponde investigar la existencia de los hechos y sus antecedentes”, e incluso llamar a declarar como testigo al ex secretario general de Interpol Ronald Noble y “al consejero jurídico de Interpol”.

“Es obligatorio tramitar esta instrucción. Frente a un acontecimiento como el que aquí se debe investigar, la ley manda que, para tranquilidad y seguridad de todos (denunciantes, magistrados, imputados, interesados), se rija aquel conocimiento por sus propias normas, no por otras. El cumplimiento de esas normas, las que estructuran cómo acreditar los hechos mencionados en una denuncia o cómo acreditar su posible caracterización criminal, es lo que no ha permitido el juez con su resolución”, sostuvo el fiscal.

Con estas palabras, Pollicita reclamó que la Cámara Federal revise la decisión tomada el jueves pasado por el juez Rafecas para rechazar, de plano, la posibilidad de abrir una investigación que permitiera esclarecer la acusación que hizo el fiscal de la causa AMIA cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su casa, con un tiro en la cabeza.

Fuentes judiciales indicaron que ya Rafecas decidió aceptar la apelación, sin fundamentar su resolución, aunque la notificación formal al fiscal le llegará hoy.

Si el tribunal de segunda instancia (la Cámara) decide dar lugar al pedido del fiscal, se abrirá entonces una investigación contra la Presidenta, funcionarios y dirigentes K. Si la rechaza, como Rafecas, la demanda se cae.

“Resulta claro que lo central en el asunto no es el hecho de que el acuerdo no entró en vigencia” sino “qué tipo de finalidad guió la creación” de una Comisión de la Verdad contemplada en el memorándum

El 14 de enero pasado Nisman denunció que el encubrimiento se habría llevado adelante para “fabricar la inocencia” de Irán en el atentado contra la AMIA. Y señaló como sospechosos de ese delito a la Presidenta, al canciller, al diputado camporista Andrés “El Cuervo” Larroque, al piquetero Luis D’Elía, al lobbista proiraní Jorge “Yussef” Khalil, al supuesto espía Allan Bogado, al ex juez Héctor Yrimia y al líder de Quebracho, Fernando Esteche.

Luego de que la Cámara Federal resolviera que el juez que debía intervenir en el caso era Daniel Rafecas, el fiscal Pollicita resolvió imputar a los denunciados y solicitar unas 50 medidas de prueba para avanzar en la investigación.

Pero el jueves 26 de febrero Rafecas firmó una extensa resolución donde rechazó abrir el caso y aseguró que no hubo ningún delito y que, de investigar a alguien, solo cabría hacerlo con Bogado.

En un escrito de 35 páginas, Pollicita sostuvo que “la decisión de proceder al cierre inmediato del sumario, sin realizar ninguna de las medidas que habían sido propuestas en el requerimiento de instrucción, impide contar con información esencial”.

Para Pollicita “resulta prudente y razonable abrir la investigación propuesta por esta Fiscalía para luego poder tomar una decisión sobre el fondo del asunto con la información necesaria a tales fines”.

“Una hipótesis criminal de inusitada gravedad y trascendencia institucional, como la presentada por el Dr. Nisman, demanda la realización de todos los esfuerzos posibles para intentar alcanzar la verdad real de lo sucedido”, advirtió.

ALERTAS ROJAS

Sobre la polémica en torno a la caída o no de las alertas rojas contra iraníes acusados del atentado terrorista a la AMIA, Pollicita propuso que “la investigación deberá centrarse en determinar si efectivamente la Secretaría General de Interpol se encontraba facultada -sin conformidad externa- para anular las notificaciones en cuestión”.

“Y por consiguiente -añadió-, si las autoridades persas hicieron gestiones en ese sentido a partir de la ‘ayuda’ que habría significado el instrumento rubricado con el gobierno argentino (memorándum)”.

Pero Pollicita argumentó que el Código Penal establece “que es punible la conducta del ‘que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad’.

Para el fiscal, “resulta claro que lo central en el asunto no es el hecho de que el acuerdo no entró en vigencia” sino “qué tipo de finalidad guió la creación” de una Comisión de la Verdad contemplada en dicho memorándum, la cual debía ser integrada por un grupo de juristas internacionales que podían asesorar sobre la investigación del atentado.

Según Nisman, esa Comisión era un mero órgano “de fachada” ya que ambos países tenían previsto que la misma garantizara la impunidad de cinco de los ochos iraníes acusados, sobre quienes pesaban las alertas rojas de Interpol o prioridades de búsqueda.