La Cámara ordena investigar ahora a Cristina en la causa de Lázaro Báez

La Cámara Federal porteña intimó y ordenó ayer al juez Sebastián Casanello a no dilatar “innecesaria e indefinidamente” con medidas con “predecible destino de fracaso” la causa de lavado de activos conocida como “ruta del dinero K” y le ordenó que investigue a la ex presidenta Cristina Fernández, al confirmar los primeros procesamientos del empresario Lázaro Báez y de su hijo Martín por ese delito.

“Es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los ex Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, aseveró la Sala II del tribunal de alzada.

La Cámara emitió un duro fallo en el que retó a Casanello, le endilgó “un enfoque errado de la investigación” donde “olvida el todo para enfocarse en cuestiones perimetrales”, lo exhortó a que no demore más la causa con medidas a esta altura dilatorias y que apure la pesquisa sobre Cristina y el Ministerio de Planificación que conducía Julio De Vido. Los camaristas afirmaron que “es de sentido común concluir que resulta inviable pretender enfocar la instrucción en el extraordinario incremento patrimonial -ilícito- que exhibió Lázaro Báez, sin adentrarse a analizar su relación con el cuadro de conexiones y manejos mencionado, avanzando así sobre la hipótesis de un eventual acuerdo de voluntades para hacerse espuriamente de fondos públicos, de forma planificada y continuada, a través de influencia, decisión directa o connivencia de integrantes del poder político”.

Bajo esa premisa, la Cámara impartió instrucciones a Casanello para avanzar “urgente” con la investigación: le recomendó que evite “prolongar innecesaria e indefinidamente la instrucción con medidas (como peritajes) que pretenden abarcar períodos extensos de tiempo y demasiadas circunstancias diferentes, con predecible destino de fracaso”, que delegue la instrucción en la fiscalía de Guillermo Marijuan y que llegado el caso no demore la elevación a juicio oral.

MAS ALLA DEL LAVADO

“De todo lo dicho hasta aquí -añadió- se concluye que no puede el Juez desatender que este proceso abarca también a estos hechos -cuanto menos como antecedentes- que superan a las operaciones de lavado de dinero hasta ahora pesquisadas, cualquiera resulte, en definitiva, la figura típica bajo la cual se las terminen encuadrando”.

El tribunal aseveró: “En definitiva, las sospechas no surgen de lo dicho aquí; sino que están conformadas hace tiempo por elementos incorporados al proceso, con relación al conjunto de operaciones por las que se requirió sucesivamente la instrucción que involucran a Lázaro Báez y a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Planificación y de la Secretaría de Obras Públicas. Hay que avanzar sobre esa línea sin más demoras. Así, por ende, se encomendará al Juez”.

La resolución de la Cámara Federal llegó cuando la defensa de uno de los hijos de Báez presentó una recusación contra el juez Casanello -que todavía esta pendiente de definición- y mientras se llevan adelante investigaciones para saber si el magistrado estuvo reunido con Cristina Fernández en Olivos, según declaró el empresario detenido.

SEGUIRAN PRESOS

Por lo pronto, Báez continuará preso: la Sala II confirmó los procesamientos (con prisión preventiva) de Báez y su contador, Daniel Pérez Gadín, arrestados desde el 5 de abril pasado. Y una medida similar, pero sin preventiva, dictó para los hijos de ambos, Martín y Sebastián; para el presidente de la financiera SGI (conocida como “La Rosadita”), César Fernández; para el asesor Fabián Rossi y para el dueño de la empresa aérea Top Air, Walter Zanzot.

Casanello había dictado esa resolución -ahora avalada por la Cámara- el pasado 18 de abril, cuando se conoció el video de “La Rosadita” donde se veía a varias personas del entorno de Báez contando millones de dólares y euros.

“Debe estarse al razonamiento seguido en la resolución en crisis -que las defensas no han logrado controvertir- que demuestra la imposibilidad de justificar el origen lícito de los cinco millones de dólares involucrados y que también demuestra el incremento del patrimonio de los imputados en ese tiempo”, dijeron los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah.