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Así, a primer golpe de vista, flaco favor le hace a la sensación de seguridad de los habitantes de estas latitudes enterarse, de buenas a primeras, que la friolera de 31 jefes policiales -en su mayoría comisarios y subcomisarios- investigados en una causa por asociación ilícita, temen terminar presos y acaban de solicitar, a través de una única defensora oficial sus respectivos pedidos de exención de prisión.
Esta situación, que no tiene antecedentes, comenzó con la ya famosa causa de los sobres con dinero encontrados en la Jefatura Departamental de La Plata y que, según se sospecha, formaban parte de una cadena recaudación ilícita de la policía.
Los sobres, las coimas o, los retornos de la policía, no suenan a noticias nuevas ni sorprendentes, como tampoco lo es la investigación por el irregular reparto de los fondos destinados al pago de las horas de policía adicional (Polad), que involucran, entre otros, al oficial acusado de robar en la casa del intendente Julio Garro.
Lo nuevo es que se haya roto la protectora cadena del silencio que históricamente rodea a estas cuestiones y que, primero Asuntos Internos y luego la Justicia se hayan puesto tras la pista de la corrupción policial.
En La Plata, ya cayó la plana mayor de la Jefafura Departamental. Treinta y seis altos oficiales fueron sometidos a peritajes caligráficos para determinar si alguno de ellos escribió los sobres en los que se encontró el dinero.
Ayer fueron 31 los que se adelantaron a una hipotética resolución de la Justicia y pidieron ser eximidos de prisión, ante un eventual procesamiento.
Resta saber, mientras tanto, que medidas adoptará el ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo. No suena lógico que gran parte la seguridad de la Capital de la provincia quede en manos de 31 jefes con pedidos de eximición de prisión.
Temen los vecinos, sin embargo, que esta historia de los sobres y el dinero sea apenas una aproximación al abismo de una nueva y peligrosa versión del “poliladron”.
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