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Crecieron 58 % los reclamos por accidentes laborales en la Provincia

La adhesión de CABA a una ley nacional provocó un aluvión de juicios bonaerenses

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Crecieron 58 % los reclamos por accidentes laborales en la Provincia

Hubo un aluvión de juicios laborales durante agosto - shutterstock

Por ESTEBAN PÉREZ FERNÁNDEZ

La disputa entre la llamada “industria del juicio” y el mercado de trabajo crece de la mano de reclamos y planteos de las partes para limitar un fenómeno que, aseguran, perjudica tanto a empresas como a trabajadores, ya que las primeras pueden enfrentar juicios millonarios que las pueden dejar en la quiebra, los asalariados se llevan una pequeña porción de los que se cobra en los juicios, ya que la parte más sustanciosa queda en manos de abogados y peritos, entre otros, según señalan desde distintos sectores como el de las aseguradoras y el de las pymes.

Las demandas notificadas en el mercado laboral argentino a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) crecen en forma muy acelerada en la Provincia de Buenos Aires, marcando una suba del 58% interanual en agosto pasado, mientras que el promedio en el país retrocede 5% y en distritos como CABA la baja es aún más pronunciada, del 24 por ciento.

Según datos oficiales de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) por más que el acumulado enero-agosto de este año marca un incremento del 15% respecto de igual período del año anterior, las provincias que adhirieron a la nueva ley de ART -que propone entre otras cosas instaurar el procedimiento administrativo previo de las Comisiones Médicas, para evaluar las dolencias de los trabajadores que puedan litigar- muestran retrocesos en la cantidad de reclamos, cuestión que desde distintos sectores empresarios, en especial pymes, plantean como “fundamental” para acordar un sistema más equilibrado entre empleado y empleador.

Lo que explican es que mientras que en otras jurisdicciones ahora se hace obligatorio pasar por una junta médica para iniciar un reclamo por accidente de trabajo para que esta evalúe el daño que sufrió el trabajador, los distritos que no adhirieron a la ley nacional permiten iniciar reclamos sin pasar por comisiones médicas y eso dispara el monto y la cantidad de reclamos. De hecho, en CABA la tendencia decreciente hizo que muchos juicios de este tipo “migraran” a la Provincia, para aprovechar esta forma de litigar que desde el sector la vinculan con la “industria del juicio”.

En los distritos que no adhirieron a la ley nacional no es obligatorio pasar por una junta médica para iniciar un juicio laboral

Así, muchas veces apenas con que el empleado trabaje en la Provincia o solo tenga domicilio en ella aunque el ámbito de trabajo se encuentre en otro distrito alcanza para iniciar un juicio, revelaron a este diario profesionales del sector.

Las cifras que se manejan en reclamos son varias veces millonarias. Entre enero de 2010 hasta junio de este año se iniciaron 623.235 juicios por accidentes de trabajo, de los cuales 366.707 están aún sin resolver –casi un 60% del total- y en conjunto representan casi 5.000 millones de dólares, según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

Datos de la Unión de ARTs (UART) marcan que en 2016 los juicios llegaron a 120.000, mientras que en el 2003 estos juicios habían sido apenas 3.000, lo que marca un crecimiento del 3.900% en poco más de diez años.

Distintas cámaras empresariales, desde la UIA a la platense UIGLP esperan la adhesión de la Ley de ART en la Provincia de Buenos Aires, “que permitirá disminuir la judicialización de los reclamos por enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, ayudando a minimizar los riesgos y contingencias que hoy sufren las Pymes argentinas”.

Desde el sector Pyme cámaras bonaerenses señalan que la alícuota que paga una empresa en este territorio va desde el 4,5% al 25% del salario. En sus inicios, cuando el sistema de las ART comenzó la alícuota era del 1,5%, y atribuyen estos valores debido a “esta industria de juicios laborales que afecta a las empresas”.

“La cuota por trabajador en 1996 era el 1,9% de la masa salarial total de la industria, y para el promedio de la economía era del 1,5%. Esta alícuota aumentó durante todo el período y en 2016 llegó a 4,9% en la industria y 3,4% en el total”, indica un informe de la UIA.

Para el sector Pyme, la importancia de la aplicación de esta Ley radica en que frenaría la industria del juicio, a la que señalan como uno de los impedimentos mayores para generar nuevos puestos de trabajo y, además, uno de los motivos de “ahogo” financiero de Pymes, que en muchos casos las han llevado a la quiebra, según manifestaron a este diario representantes de distintos sectores productivos.

Pero también meten a un sector de los abogados en esta pelea.

“La insólita solicitud del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, con acompañamiento posterior de ciertos sectores de intereses equivalentes, exigiendo la no adhesión de nuestra Provincia a la ley 27.348 de reforma de Riesgo del Trabajo, nos obliga a rechazar en forma tajante dicha pretensión corporativa, debido a que la misma tiene como único objetivo la defensa de la Industria del Juicio’ para beneficio propio y en detrimento de las fuentes de trabajo, básicamente del sector Pymes, y fundamentalmente de los trabajadores que puedan, desgraciadamente, estar alcanzados por cualquier siniestro, que pierden gran parte de la acreencia que les corresponde por los altísimos costos de honorarios profesionales que tienen que pagar”, afirmaron desde la UIGLP.

“Por lo señalado, y en defensa de las fuentes de trabajo y de sus trabajadores e ir limitando el accionar de quienes buscan continuar expoliando los frutos del trabajo, solicitamos la pronta aprobación de la Honorable Cámara de Senadores, la de Diputados ya lo ha hecho positivamente, y la respectiva promulgación de adhesión por parte del Poder Ejecutivo”, agregaron los industriales platenses.

JUICIOS EN NUMEROS

La referida normativa es la Ley Nacional 27.348, a la que adhirieron distritos como CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, pero que en la Provincia tiene sanción en la Cámara de Diputados y espera su aprobación en Senadores para poder aplicarse

Los números son lapidarios a la hora de comparar el comportamiento de la litigiosidad respecto de los distritos en los que ya funciona la ley. Mientras que en territorio bonaerense aumentó 58% el pasado mes, en Córdoba bajó -6%, en Santa Fe 17% y en Mendoza el 11 por ciento.

Mientras que en la Provincia aumentó 58% el pasado mes, en Córdoba bajó 6%, en Santa Fe, 17% y en Mendoza, 11%

Asimismo, cabe mencionar que en CABA hay más de 1.000 casos homologados en sede administrativa del total de trámites ingresados el 96% termina en acuerdo, mientras que el 4% restante no. En los casos con acuerdo, el trámite completo -desde que se presenta en la Comisión Médica hasta que se paga- insume un total de 40 días; y solo el 10/15% de los trabajadores solicita patrocinio gratuito a la SRT (garantizado por la Ley), mientras que el resto reclama con su propio abogado.

Desde la UART señalan que la adhesión de las provincias implica instaurar el procedimiento administrativo previo en las Comisiones Médicas, para evaluar las dolencias de las personas; la regulación de honorarios de los peritos en función del trabajo realizado y no de un porcentaje del resultado del juicio; y la utilización de la Tabla de Evaluación de Incapacidades (Baremo) prevista en la Ley 27.348, a fin de determinar objetivamente el porcentaje de incapacidad correspondiente a cada daño y que todos los que tengan la tarea de dirimir una controversia, en sede judicial o administrativa, utilicen la misma vara para todos los trabajadores.

“Ante este panorama, que muestra una Reforma en transición, es necesario que las provincias adhieran a la Ley Nacional y que las Justicia acompañe mediante su accionar a fin de sostener en el tiempo las ventajas del sistema en disminución de accidentes y mejoras prestacionales”, dijeron desde la UART. Y agregaron que “es necesario que la Justicia, en sus diferentes instancias, acompañe mediante sus fallos las previsiones de la Ley que tienden a abordar la causa de fondo, que es la disparidad de criterios jurisprudenciales que retroalimenta la conflictividad”.

Al respecto, el abogado laboralista Andrés Agustín Prieto Fasano, que asesora a empresas del sector Pyme industrial explicó a este diario que “la litigiosidad aumenta pese a que han disminuido los accidentes. A muchas empresas les pasa que se encuentran con abogados que se paran en la puerta de las fábricas para decirles a los empleados que inicien una demanda. Creo que el reclamo justo está muy bien hacerlos, pero esta industria del juicio se está llevando a varias pymes y con ellas a los puestos de trabajo que generan. Por eso es tan importante la reforma e iniciar un camino en donde reclamos y obligaciones transiten por un camino de justicia y no que sea un negocio para unos pocos vivos, porque al trabajador al que empujan a hacer un juicio muchas veces se queda con migajas de lo que cobra”.

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