Quieren regularizar los inventarios en las comisarías bonaerenses

La escandalosa detección de una nueva irregularidad en una dependencia policial de La Plata tuvo ya sus primeros coletazos: dos efectivos de esa comisaría quedaron bajo investigación de Asuntos Internos y la fiscalía en turno abrió una causa penal que podría complicar al ex jefe de la seccional, mientras se avanza con un proyecto para regularizar los inventarios en oficinas de la Bonaerense.

Como se informó en la edición de ayer, la historia salió a la luz el miércoles pasado, cuando el nuevo comisario de la Decimocuarta de Melchor Romero, el subcomisario Hebert Yantok, hizo un inventario de los efectos que había en esa dependencia situada en 173 y 517.

Al revisar un cofre de seguridad encontró dos sobres que debían contener 10.000 y 17.500 pesos que habían sido secuestrados en operativos realizados en febrero y agosto, respectivamente, pero al abrirlos descubrió que uno estaba vacío y en otro “había papeles de colores”, dijo una fuente con acceso a la causa.

Puso al tanto de lo sucedido a su superior inmediato, el jefe de la Distrital Oeste, Sebastián Perea y éste lo comunicó a la fiscalía en turno, a cargo de Marcelo Romero.

en los papeles y en los hechos

“Está reglamentado que se debe hacer un inventario ante cada recambio de autoridades de una dependencia policial, pero en los hechos no se hacía o se hacía deficientemente”, dijeron a este diario desde la Auditoría General de Asuntos Internos que encabeza Guillermo Berra. En otras palabras, “si alguien encontraba un sobre no lo abría y si lo abría y no encontraba nada, no lo decía”, explicaron.

Con el cambio de “clima” que dejó afuera de la fuerza a más de 6.000 efectivos por distintas irregularidades, “cada vez son más los que prefieren manejarse prolijamente porque saben que no se pasa nada por alto”, reflexionaron. No obstante, Berra anticipó que analiza pedir que se reglamente el protocolo de inventarios para todas las dependencias policiales, estableciendo un plazo perentorio de presentación después del relevo de un jefe y la asunción de su reemplazante.

Por lo pronto, en el caso de la comisaría de Romero se dispuso investigar la actuación del segundo jefe de la seccional, subcomisario Alejandro Caro, y de la subteniente Gisela Díaz, encargada de Logística y Depósito Judicial, ya que ellos dos tenían llave del despacho principal donde estaba el cofre, igual que el titular anterior de la dependencia Juan Verón.

A Caro y a Díaz la Auditoría de Asuntos Internos les abrió un sumario administrativo, medida que no pueden tomar contra Verón porque ya no pertenece a la Fuerza: es uno de los siete comisarios que fueron cesanteados de sus cargos en agosto, como coletazo de la causa que se abrió en abril del año pasado con el hallazgo de 36 sobres con 153.700 pesos, por la que hay ocho ex jefes policiales presos. Por eso se radicó la denuncia ante el fiscal Romero.

Una fuente judicial consultada por EL DIA explicó que “en las comisarías no se deben guardar otros efectos judiciales que no sean vehículos, ya que si es dinero, droga, alhajas o armas, deben remitirse de inmediato a la fiscalía que instruye la causa”.

No está claro todavía a qué expedientes pertenecían los montos que desaparecieron, pero un investigador no descarta que hayan sido secuestrados “a bandas que no están en condiciones de reclamar nada”.