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Opinión |EL PULSO

Una bala criminal que no sólo arrebató una vida

12 de Noviembre de 2017 | 05:03
Edición impresa

“¿Sabes, hermano, lo triste que estoy?
Se me ha hecho vuelo de trinos y sangre la voz,
se me ha hecho pedazos mi sueño mejor,
se ha muerto mi niño, mi niño”.

Fragmento de “Era en Abril”, de Jorge Fandermole y Juan Carlos Baglietto

 

Se llamaba Abril Bogado, tenía 12 años y murió ajusticiada de un tiro en la cabeza por un delincuente que aún debía estar preso.

Abril, su tremendo, irrecuperable e incomprensible final es el reflejo de una crisis social en la que nadie puede -ni debe- permanecer ajeno.

Abril ya no podrá volver a correr, sonreír, crecer, estudiar, o enamorarse. A los tiros le arrebataron, a ella, la vida y a toda su familia las esperanzas.

Mientras tanto, aquí, en esta ciudad en la que en lo que va del año hubo otros 40 casos similares, la sociedad pide a la Justicia que haga justicia y que los delincuentes paguen sus cuentas, como creen que debe ser: sin salidas anticipadas, ni beneficios.

Desde la Justicia responden que la ley es la ley y que si los textos lo habilitan, para cambiar las normas hay que mirar hacia el Poder Legislativo.

Y en el Poder Legislativo responden, casi espasmodicamente, como en tantas otras veces, con proyectos de reformas escritos, tal vez, a las apuradas y bajo la presión social de los que están hartos de tanta muerte inútil.

¿Cuántas veces asistimos a la misma historia? ¿Es necesario recordar la cruzada Blumberg, que llegó a reunir a cientos de miles de voluntades detrás del mismo clamor de Justicia? ¿Y qué cambió?

Duele ver a los padres de Natalia Melmann, la chica secuestrada, violada y asesinada en Miramar, volver a frotarse las llagas de aquel dolor ante la posibilidad de que los asesinos de su hija recuperen la libertad.

A la piba de Miramar la mataron en 2001. Tres policías fueron condenados a reclusión perpetua, aunque luego se beneficiaron con un atemperamiento de la condena que pasó a ser de prisión perpetua. El cuarto condenado, un civil, que fue el entregador, recibió una pena de 25 años de prisión. Este último ya está en libertad. Los otros tres fueron beneficiados con salidas transitorias de doce horas cada quince días.

“Garantistas que sólo piensan en los derechos humanos de los delincuentes”, ruge un sector de la sociedad. “Retrógrados que estarían conformes si se estableciera la pena de muerte”, contestan desde el otro lado de la grieta.

Y lo que uno espera, mientras tanto, sólo es que se haga justicia.

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