Vidal prepara achique administrativo en busca de ahorrar $500 millones

El gobierno bonaerense está puliendo los detalles de una nueva ley de Ministerios que se apresta a enviar en no más de 10 días a la Legislatura. La nueva norma incluirá la eliminación de diversas estructuras administrativas y el consecuente achique de cargos políticos, con la mira puesta en reducir gastos por cerca de 500 millones de pesos en 2018.

“Es el segundo achique de cargos políticos que vamos a hacer, porque el primero se hizo apenas asumimos en diciembre de 2015”, dicen en el Ejecutivo provincial.

El proyecto, según se supo, no contempla la eliminación de ministerios, ya que Vidal pretende conservar el número de 14 carteras con las que funciona en la actualidad. La guadaña pasará por subsecretarías y direcciones.

“Hay muchas que se superponen en funciones. Incluso algunas direcciones que responden a ministerios distintos tienen asignadas las mismas tareas”, argumentan cerca de la Gobernadora.

La idea oficial es avanzar con la eliminación de estas estructuras -todavía no se conoce el número exacto-, para enviar el proyecto de ley de Ministerios a la Legislatura en los próximos días. La intención del gobierno provincial es que la iniciativa sea aprobada antes de fin de año para que el recorte comience a aplicarse en 2018.

La nueva ley de Ministerios será uno de los proyectos que Vidal pretende que la Legislatura, con su nueva composición mucho más favorable a Cambiemos -mayoría propia en el Senado y a cuatro votos de conseguirla en Diputados-, vote en las sesiones extraordinarias.

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El ahorro de 500 millones de pesos forma parte del “ajuste en la política” que impulsa Vidal y que tuvo su primer capítulo en la Legislatura, que ya votó un achique de gastos por cerca de 2.500 millones para 2018.

La primera medida fue establecer que el presupuesto de las cámaras de Senadores y de Diputados será de hasta el 1,2 por ciento del total de gastos de la Provincia, previsto para el año próximo en unos 630 mil millones de pesos.

Si se tomara el 1,5% de 630 mil millones que es el monto global del Presupuesto para 2018 del Ejecutivo, el total de gastos de la Legislatura iba a trepar a 9.450 millones de pesos.

Con la baja al 1,2%, los gastos de la Legislatura iban a caer a 7.560 millones de pesos. Sin embargo, a partir de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, se terminó estableciendo un presupuesto global de 6.500 millones de pesos.

El ajuste de gastos en áreas administrativas y políticas tiene que ver con la necesidad de lograr equilibrios presupuestarios.

La Provincia, al resolver una baja en el impuesto a los Ingresos Brutos y Sellos sobre distintas actividades, se privará de recaudar unos 10 mil millones de pesos el año que viene. Ese es el impacto fiscal de esa medida que venía siendo reclamada por el gobierno nacional y que apunta a bajar la carga impositiva en busca de generar empleo.

Para mitigar esa pérdida de recursos propios, la administración de Vidal resolvió aplicar un aumento sobre los impuestos denominados patrimoniales.

En efecto, resolvió un incremento del 56% promedio del Inmobiliario Urbano y un 50% promedio del Rural (ver aparte).

Con esas dos medidas, el gobierno provincial busca incrementar sus ingresos en 4 mil millones de pesos.

El ajuste global de 3 mil millones de pesos sobre la política y ese incremento sobre los tributos patrimoniales, se inscriben en esa lógica de compensar el recorte impositivo sobre las actividades productivas.

LA AGENDA LEGISLATIVA

La mencionada ley de Ministerios no es el único proyecto que Vidal pretende que la Legislatura sancione antes de fin de año.

Otra de las iniciativas es la adhesión a la ley nacional de ART, que viene rodeada de una fuerte polémica.

El Ejecutivo logró aprobar el proyecto en Diputados hace varios meses, pero fracasó en todos y cada uno de los intentos que ensayó en el Senado ante el rechazo tanto de los bloques de Sergio Massa como de las distintas vertientes del peronismo.

La última movida fue la semana pasada y concluyó como las anteriores: la oposición no dio quórum en las comisiones que debían emitir despacho.

La adhesión a la ley de ART es también rechazada por distintos sectores sociales y gremiales. Uno de los aspectos más controvertidos tiene que ver con que, antes de poder iniciar una demanda laboral, los trabajadores deberán someterse obligatoriamente a una junta médica. Para los sindicatos, por caso, termina conculcando derechos laborales.

Este proyecto es otro de los pedidos del gobierno nacional a la Provincia.

Otra de las iniciativas que enviará Vidal es la derogación de las denominadas jubilaciones de privilegio, un sistema de retiro especial del que gozan gobernador y vice y legisladores.

En caso de ser aprobada desde 2018 quienes ocupen estos cargos ya no podrán jubilarse con 30 años de servicio y 55 años de edad. En cambio, sólo podrán hacerlo cuando cumplan los requisitos de 35 años de servicio y 60 de edad.

Uno de los últimos políticos que accedió a la jubilación con esta ley fue Luis D`Elía, quien sumó sus años de docente a los de diputado.