El defensor del Pueblo provincial, Guido Lorenzino, pidió ayer que se cambien los requisitos que se exigen para otorgar la tarifa social a usuarios de agua, luz y gas en la Provincia, a través de una resolución dirigida a los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, a empresas prestadoras de servicios públicos y entes reguladores.
En la recomendación, Lorenzino solicitó además que se comunique de manera clara en las facturas cuáles son las formas de acceder a este beneficio y que se actualicen los listados con las personas en condiciones de acogerse al beneficio.
Este pedido surge luego de la publicación de un informe elaborado por la Defensoría y el Observatorio de la Deuda Social Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA), que indica que en el Gran Buenos Aires la tarifa social sólo alcanza al 30 por ciento de los usuarios que tienen derecho a solicitarla, para los servicios de agua corriente, energía eléctrica y gas.
Los principales motivos de esta situación son la imposibilidad de presentar escrituras o contratos de alquiler y no acreditar ingresos formales. A esto se le suman barreras burocráticas y falta de información.
“No puede ser que 7 de cada 10 personas que deben tener tarifa social queden fuera por requisitos inflexibles y alejados de la realidad”, expresó el Defensor.
“Por eso - agregó - pedimos que se revean y modifiquen los criterios para que los sectores más vulnerables puedan acceder a este beneficio mediante un trámite sencillo, inclusivo y ágil”.
La recomendación, que prevé la difusión en la factura de la forma de tramitación de la tarifa social, así como teléfonos de atención y direcciones de oficinas, está dirigida al ministerio de Energía de la Nación y el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos provincial; los organismos de control y las distribuidoras de cada servicio.
SUSCRIBITE a esta promo especial