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Víctimas, familiares y miembros de derechos humanos protestaron la libertad de Pomares y dijeron que apelarán
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó ayer a prisión perpetua a Carlos “Indio” Castillo por delitos de lesa humanidad cometidos con la organización de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU), pero absolvió a Juan José “Pipi” Pomares, el otro acusado, en un fallo que apelarán los organismos de derechos humanos.
Víctimas y familiares recibieron con gritos reprobatorios la absolución de Pomares, quien junto a Castillo fue juzgado desde mayo último por siete secuestros y cuatro homicidios cometidos en La Plata por la CNU, antes y después del golpe del 24 de marzo de 1976.
El Tribunal que daba lectura al tramo dispositivo del veredicto apenas pudo leer: “Ordénase la inmediata libertad de Pomares”, cuando recrudecieron los gritos y llantos de las víctimas y se dispuso el desalojo de la sala.
Las querellas de las víctimas calificaron de “vergonzosa” la absolución y adelantaron que apelarán el fallo una vez que conozcan los fundamentos de la sentencia, en febrero de 2018.
Poco antes, los magistrados Pablo Vega, Germán Castelli y Alejandro Esmoris habían declarado por unanimidad que “los hechos juzgados son constitutivos de lesa humanidad e imprescriptibles”.
Tras hacer lugar a nulidades de reconocimientos fotográficos realizados por las víctimas, pedidas por las defensas de los imputados, el TOF 1 condenó a Castillo a prisión perpetua por la privación ilegítima agravada y el homicidio doblemente calificado en perjuicio de Carlos Antonio Domínguez.
También fue condenado por los delitos de sustracción de persona con el fin de obligarla a hacer algo o tolerar algo contra su voluntad y homicidio doblemente calificado de Néstor Dinotto.
Castillo fue condenado además por otros delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de Graciela Martini, Hugo Daniel Pastorini, Adelaida Barpin y Leonardo Guillermo Miceli.
En cambio, el tribunal lo absolvió por el “beneficio de la duda” respecto de la privación ilegal de la libertad de Roberto Fiandor, consumada el 12 de febrero de 1976.
“Lo importante es que los hechos fueron considerados probados, se probó que la CNU cometió delitos de lesa humanidad en nuestra ciudad y eso es muy importante”, señaló la abogada Marta Vedio, de la APDH de La Plata y de la Unión por los Derechos Humanos.
La letrada expresó su “total rechazo” a la absolución de Pomares, al considerar que estaba probada su participación en los crímenes y fue parte del grupo más violento de la CNU. “Por eso, con esta convicción, vamos a ir a Casación para que revea el fallo”, confirmó.
Por su parte, Guadalupe Godoy, de Justicia Ya, sostuvo también que “el marco probatorio era más que suficiente para condenar a ambos” y anticipó que apelarán la absolución.
“Claramente, hay un mensaje de desprotección del poder judicial de La Plata para las víctimas, justo en una causa que fue accidentada por el temor que generaba en los testigos tener que declarar, (por lo que) muchos pidieron hacerlo con protección o reserva de identidad”, concluyó Godoy.
“La CNU, tanto en la Universidad de La Plata como en la de Mar del Plata, tenía como objetivo atacar por un lado a las agrupaciones de izquierda, que estaban muy desarrolladas en esas Universidades. Y después, a partir del boom de lo que fue la tendencia revolucionaria del peronismo en la Universidad, también centró su accionar en esos militantes, fueran estudiantes, docentes o no docentes”, dijo Daniel Cecchini, autor del libro “La CNU”.
“El grupo de choque universitario, a partir del desplazamiento de Oscar Bidegain de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, empieza a operar a las órdenes de Victorio Calabró, con zonas liberadas por la Policía bonaerense. Ahí es donde se integra al terrorismo de Estado”,,afirmó.
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