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María Eugenia Vidal envió a la Legislatura el proyecto de ley que amplía la obligación de presentar las declaraciones juradas de bienes a funcionarios. Ahora no sólo incluye a los legisladores: la novedad es que pide que, en forma voluntaria, hagan lo propio intendentes, concejales y gremialistas,
El proyecto establece que “con carácter imperativo”, tendrán que cumplir el trámite los funcionarios que integran los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Vidal solicita a los municipios que adhieran a la normativa a través de una ordenanza que debería aprobar los concejos deliberantes.
Pero además, plantea que “por sometimiento voluntario”, hagan lo propio los miembros de los cuerpos colegiados de conducción y control de asociaciones gremiales de trabajadores, de empresarios, de profesionales, comunitarias, sociales y a toda entidad que tenga por objeto administrar derechos e intereses colectivos y vincular las relaciones entre el sector público y los ciudadanos.
En la iniciativa oficial se habla de la “necesidad de avanzar en la aplicación de políticas de prevención y control de la corrupción, que contribuyan a consolidación y fortalecimiento del sistema democrático. En este sentido, la Declaración Jurada Patrimonial se presenta como una herramienta esencial para disuadir comportamientos contrarios a la ética pública que pudieran cometer las personas que ejercen una función pública”.
Hasta el momento, Vidal dispuso por decreto que sus funcionarios, además de policías y penitenciarios, presente sus declaraciones de bienes. Pero ahora, a partir de un acuerdo con la Legislatura, busca incluir a diputados y senadores, además de funcionarios de ambas cámaras.
El único poder que quedará exceptuado es el Judicial, aunque funcionarios de Vidal decían ayer que esperan que una medida de similares características se adoptara en la Justicia bonaerense.
Por otra parte, el Gobierno bonaerense podrá utilizar el superávit generado por la obra social IOMA para financiar proyectos de acceso a la salud, según contempla la nueva Ley de Ministerios que fue recientemente girada a la cámara de Diputados.
La medida está contemplada en el artículo 57 del proyecto oficial, que modifica parcialmente el estatuto de la obra social bonaerense, incorporando la posibilidad de que parte del superávit anual sea utilizado para obras sanitarias.
De acuerdo a la nueva disposición, que deberá ser refrendada por la Legislatura, el superávit que se establezca al cierre de cada ejercicio podrá ser utilizado “por motivos fundados” al cumplimiento de proyectos de acceso a la salud.
Se trata de una iniciativa por lo menos polémica, ya que la obra social es un ente autárquico. Por caso, en relación al Instituto de Previsión Social, la Provincia toma sus excedentes pero a cambio emite una letra del Tesoro. No está previsto para el IOMA.
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