Versiones y tironeos alrededor de un organismo histórico de la Provincia

Una polémica, por ahora acotada a un reducido sector del mundo gremial bonaerense, atraviesa el gabinete de María Eugenia Vidal a raíz de una decisión de la propia mandataria: la de fusionar la Secretaría Legal y Técnica de la gobernación con la Asesoría General de Gobierno, que de ese modo pasaría a ser una subsecretaría de la primera cartera.

Aunque oficialmente no fue comunicada, la decisión de Vidal estaría tomada, lo que puso en alerta al gremio del sector. Y se plasmaría en un proyecto de ley para fusionar distintos organismos. Se trata de una movida, explican en la gobernación, encuadrada en la idea de la gobernadora de achicar los llamados gastos políticos del Estado provincial, para ahorrar alrededor de 600 millones de pesos eliminando unos 220 cargos.

El razonamiento que impera en el palacio de calle 6 es que la Secretaría Legal y Técnica y la Asesoría General tienen, básicamente, las mismas funciones. Y que el segundo organismo sólo sirve para agregar un paso burocrático más a cada expediente que nace en el Estado.

Por supuesto que esto es rechazado por la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC), que denuncia un proceso de “desjerarquización” de un ente que data de 1810, antes de la creación de la Provincia como tal.

María Fernanda Inza es la secretaría Legal y Técnica de la Gobernación. Es una histórica de PRO, de los tiempos en que Mauricio Macri fundara el partido amarillo con la expectativa de ser jefe de Gobierno porteño. Hablamos de los inicios del siglo XXI. Muy cercana a su par de Presidencia, Pablo Clusellas (de hecho, fue su segunda un año) y al influyente Marcos Peña. Su misión es asistir al Poder Ejecutivo en todo lo inherente a sus competencias. Trabaja en decretos, proyectos de ley del Ejecutivo, protocolos, convenios y demás. Como se dice comúnmente, le cuida la firma a Vidal.

Marcelo López Mesa es el asesor general de Gobierno, una figura de consulta y eventualmente consejero del gobernador. Se expide en todo asunto que trate sobre aplicación e interpretación de normas que rigen la administración pública, interviene con su opinión en licitaciones observando que se cumplan las disposiciones legales y, además, representa a la provincia en los juicios. Es algo así como el abogado de Vidal. No es estrictamente un organismo de control de gestión al estilo de la Fiscalía de Estado o el Tribunal de Cuentas, pero en teoría aporta transparencia.

El de asesor y su segundo -asesor ejecutivo- son cargos políticos. Pero, y aquí radica la queja del gremio, el resto de la estructura es personal de carrera que ha estado allí con todas las administraciones. Por eso, explican fuentes sindicales, no puede usarse el argumento de que la fusión con Legal y Técnica es para recortar “cargos políticos”. Porque no los hay. Unas 300 personas trabajan en la Asesoría, tal vez más. Allí dicen que sería un error fusionarlos con una cartera, la que conduce Inza, que casi por definición tiene un perfil definitivamente político.

Por supuesto que al gremio tampoco le causa nada de gracia la pérdida eventual de esos afiliados, que pasarían a tener otra representación. Y a los empleados jerárquicos de la Asesoría tampoco les cae bien la idea: se cobran allí muy buenos salarios.

Fuentes indiscretas aseguran que ese dato habría sido decisivo en la embestida de Vidal. Mas allá de la obsesión por achicar gastos, la comparación de remuneraciones entre ese organismo histórico y otros del Poder Ejecutivo –incluidos ministros y demás altos rangos- fue lapidario.

Según fuentes oficiosas, López Mesa ya avisó que no piensa ser el segundo de Inza. En ciertos círculos, se le atribuye al Asesor General cercanía con el actual Procurador General de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, jefe de los fiscales, que antes de llegar a ese cargo era, precisamente, el secretario de Legal y Técnica.

Otras fuentes, en cambio, aseguran todo lo contrario. Que el Procurador no lo tendría en estima. Y abundan, misteriosas: “López Mesa no es muy querido en el gabinete”. Esas versiones incluyen objeciones no detalladas de la gobernadora y recalcan, también, cierta obsesión del funcionario por tener un futuro como miembro de la Suprema Corte provincial, algo que suena improbable.

López Mesa, de larga trayectoria académica, llegó al cargo para suceder a Gustavo Ferrari cuando éste pasó a comandar el ministerio de Justicia. Vivió aquella experiencia como un triunfo porque Ferrari quería dejar allí a un hombre de su estrecha confianza, Fernando Rozas, que hoy es el interventor del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Lo dicho: la eventual eliminación de la Asesoría General de Gobierno no fue anunciada oficialmente pero en el gabinete lo dan por hecho. Demás está decir que por estas horas acechan sobre la gobernación fuertes presiones sindicales y también políticas para evitar que eso no suceda.