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Tanto los funcionarios del Gobierno provincial como los representantes del gremialismo docente en la Provincia deberán decidir, más temprano que tarde, si las medidas de fuerza que impiden un normal inicio del ciclo lectivo 2017 continuarán aplicándose en forma indefinida o si, finalmente, encontrarán, si no un punto de acuerdo, una puerta abierta para el callejón sin salida de un conflicto que no sólo le impide a los alumnos asistir a clase, sino que representa un verdadero problema para centenares de miles de familias.
Ciertamente que, al margen de las posturas que esgrimen ambas partes, seguramente respetables ambas en la medida en que pueden traducir posibilidades reales y reivindicaciones legítimas, resulta agotadora y angustiante para la sociedad la prolongación sin límites de toda situación litigiosa. No sólo existen mecanismos legales idóneos para dirimir en estas situaciones, pero antes que ellos puede y debe apelarse a negociaciones amplias, comprensivas de las posibilidades y necesidades de unos y otros, imaginativas a la hora de no causar daños mayores y sin que signifiquen resignar posturas.
Tal como se informó en estas horas, el litigio ha llegado a una suerte de punto de no retorno. El gobierno bonaerense anunció anteayer que le pidió al ministerio de Trabajo nacional “si corresponde quitarle la personería gremial a los sindicatos docentes que pararon pese a que rige la conciliación obligatoria”. Por su parte, desde uno de los gremios se sostuvo que el Ejecutivo “no sale de una lógica de confrontación y provocación que en nada ayuda a resolver el conflicto”.
La eventual aplicación de multas económicas a los sindicatos que no acatan la conciliación dispuesta y como réplica el anuncio de un paro indefinido fueron –entre otros cruces dialécticos, medidas administrativas y apelaciones judiciales- los últimos capítulos, claramente negativos, de un enfrentamiento que, al parecer, no cesa de agravarse.
Resultaría impropio ubicar a los millones de estudiantes en el contexto de este conflicto, como si fueran protagonistas pasivos. Ocurre que, en realidad, los chicos que asisten a las escuelas públicas son los invitados de piedra, es decir aquellos que no intervienen y que son los ignorados de esta historia. No pueden opinar ni resolver nada. Ellos solamente se preparan para ir a las escuelas, cuyas puertas, después, encuentran cerradas. Y no ocurre solamente en este ciclo lectivo. Hace ya muchos años, demasiados, que pasa lo mismo con las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires.
Los observadores dicen que no existe nudo que no se pueda desatar. Mesa técnica y negociación sobre la pérdida de poder adquisitivo del año pasado: dos de los principales reclamos sindicales. Pero el Ejecutivo realizó la convocatoria “en el marco de la conciliación obligatoria”, que los maestros desconocen. De esa manera, si los docentes no van los funcionarios van a insistir en que “no quieren dialogar”. Y si asisten, estarán aceptando de hecho la conciliación. Ese es el nudo a desatar en estas horas tan críticas para la educación bonaerense.
Aquí debiera valer, entonces, la expresión “nudo gordiano”, que alude a dificultades que en principio no se pueden resolver; a obstáculos difíciles de salvar o resolver, en situaciones que sólo admiten soluciones creativas. Esto es, en definitiva, lo que se espera de las partes enfrentadas: soluciones creativas, salidas cuya proyección desemboque, prioritariamente, en el dictado de un curso lectivo completo, sin interrupciones, apto para formar a los futuros ciudadanos de nuestro país.
En cambio, resultaría inconcebible admitir que nadie –ni los funcionarios ni los gremialistas- pueda arrogarse la discrecionalidad de suponer que los chicos y jóvenes deben seguir perdiendo días de clase indefinidamente.
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