Cristina a juicio por el dólar futuro Imputada por millonario perjuicio al Estado

El juez federal Claudio Bonadio mandó ayer a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa denominada “dólar futuro” que, según la acusación, horadó el patrimonio del Banco Central en unos 55 mil millones de pesos.

Junto con la ex presidenta irán a juicio el ex ministro de Economía, Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli y otros doce imputados más.

El magistrado consideró cerrada la investigación de la causa y remitió el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal, que ya sorteó el tribunal que llevará adelante el debate, en fecha por determinar.

Se trata del Tribunal Oral Federal 1, a cargo de José Michilini, Adrián Grunberg y un tercer miembro surbrogante a designarse.

Específicamente en el caso de la ex presidenta se trata de su primer juicio oral.

LA ACUSACION Y LA PENA

Todos están acusados por “la comisión del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública”.

Ese delito está previsto en el artículo 173, inciso 7°, del Código Penal, que fija penas de dos a seis años de prisión a quien “cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública” (artículo 174, inciso 5°).

Al formular la acusación, el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que “entre septiembre y noviembre de 2015, el BCRA negoció en el Mercado a Término de Rosario (ROFEX) y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) contratos de dólar futuro a valores inferiores del precio de mercado, transgrediendo lo establecido en su Carta Orgánica”.

UNA DECISION POLITICA

En la instrucción, los acusados señalaron que la operatoria obedecía a una “decisión de política económica” y que, por lo tanto, no era judiciable.

No obstante, la conducta adoptada por los procesados fue disímil: mientras la mayoría objetó los procesamientos y la elevación de la causa a juicio oral, otros -como Kicillof y Flavia Matilde Marrodán, ex directora del BCRA- “solicitaron la elevación a juicio entendiendo el primero que será en dicha instancia donde se demostrará la veracidad de lo sostenido por esa defensa en la instrucción en tanto la segunda sostuvo que en dicha etapa se harán valer los derechos resguardados constitucionalmente”.

Bonadio se encargó de recordar, en su resolución conocida ayer, que “la defensa técnica de la procesada Cristina Elisabet Fernández, de manera improcedente y extemporánea, solicitó la elevación a juicio mediante presentación que fue devuelta al letrado”.

“Como consecuencia de dicha operatoria, al mes de diciembre de 2015, el Banco Central de la República Argentina llegó a tener contratos abiertos en el ROFEX y el MAE por casi 17 mil millones de dólares con fecha máxima de vencimiento al 30 de junio de 2016”, añadió el dictamen de Taiano.

El fiscal cuantificó que “para hacer frente a tales obligaciones, el patrimonio del BCRA sufrió pérdidas por un monto de 77.325.739.338,60 de pesos, motivado en los pagos que efectuó en los mercados de ROFEX y MAE por los contratos liquidados al 29 de febrero de 2016”.

“Como resultado neto de las operaciones a futuro, se verificó una pérdida entre septiembre de 2015 y el 30 de junio de 2016 de 54.921.788.702,40 de pesos”, añadió Taiano.

Bonadio dispuso “rechazar los pedidos de sobreseimiento” de algunos de los imputados, así como “las oposiciones a la elevación a juicio” de otros y, en ese contexto, decretó “la clausura de la instrucción y la consecuente elevación a juicio” de las actuaciones.

OTRAS CAUSAS QUE COMPLICAN A LA EX PRESIDENTA

Además del procesamiento que pesa en su contra en esta causa, Cristina se encuentra bajo la misma condición en otra causa penal por la adjudicación direccionada de obra pública en Santa Cruz a los empresarios Lázaro Báez -actualmente detenido por lavado de dinero- y Cristóbal López.

También es investigada en la denuncia de supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA del fallecido fiscal Alberto Nisman, y el juez Bonadio ya la indagó junto a sus hijos Máximo y Florencia en la causa por el alquiler de propiedades de la sociedad “Los Sauces”, que les pertenece, a empresarios beneficiados con la obra pública en su gobierno.

La causa por la venta de dólar futuro le significó a la ex presidenta su primera citación a declaración indagatoria y posterior procesamiento el 13 de mayo del año pasado con un embargo de 15 millones de pesos que ella se negó a cumplimentar.

Esa decisión derivó en un bloqueo de cuentas en su contra ordenado por Bonadio.