Impulsan bajar la edad de imputabilidad sólo para delitos gravísimos

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, aseguró que avanza el proyecto que busca reformar el régimen penal juvenil y que la mesa de especialistas que lo elabora busca “reducir la imputabilidad a partir de 14 años para delitos gravísimos, como homicidios o violaciones”.

Garavano sostuvo que la discusión de las penas para los menores que cometen delitos “es un tema central desde el comienzo de esta gestión”. Explicó, además, que el foco está puesto en la reforma del Código Penal y también en el régimen de responsabilidad penal juvenil.

“Se generaron trabajos muy intensos que abordaron 7 ejes para la reforma de esta ley, que está desde el final del Gobierno de Videla y que no permite sacar a los jóvenes del conflicto que les genera ingresar en el circuito del delito. El Estado no tiene respuesta y los jueces terminan adoptando posturas paternalistas y liberales”, sostuvo.

El proyecto, dijo Garavano, se centra en la posibilidad “de una baja para delitos realmente graves, como homicidios, violaciones y eventualmente delitos de robos con armas. Tener una escala en donde para delitos extremos se baje a 14 años, delitos muy graves a 15 y para los graves a 16. En los delitos menores hoy ni siquiera los jóvenes de 16 a 18 años son imputados y la idea es que siga así”.

Según indicó el ministro de Justicia, lo ingresarán al Congreso en el transcurso del primer semestre. “Tratamos de ajustar los actores que participan en este trabajo. Va a depender del diálogo que están teniendo con los participantes de otros partidos, para que llegue con consenso”.

Garavano había iniciado en enero la ronda de consultas para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La estrategia era consensuar una Ley Penal Juvenil con distintos actores de la sociedad. Sin embargo, en las ocho mesas de discusión que se llevaron a cabo hasta el momento, de los 40 oradores, 34 se opusieron a la reforma punitiva.

Si el gobierno quería llegar con el tema en agenda y definirlo después de las elecciones, cuando supiera qué conformación tendrá el congreso, y además llegar a fin de año con un proyecto de ley respaldado por actores de peso en el tema, la estrategia se encuentra al borde del abismo. Tanto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) como la Sociedad Argentina de Pediatría, pasando por la Procuración Penitenciaria y funcionarios del ámbito de la niñez de distintas provincias dijeron que no estaban de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad.

Martín Casares, subsecretario de Política Criminal, reconoció que los planes de Maurio Macri están en problemas.

Garavano, puntal de la reforma, le desaconsejó al presidente dar marcha atrás.

El marco de la reforma -dicen los especialistas- no puede ignorar la Convención de los Derechos del Niño, que indica que la restricción de libertad para un niño o adolescente debe ser siempre el último recurso del Estado ante una situación de conflicto. La Convención dice, además, que se debe respetar el principio de “progresividad y no regresividad” según el cual ninguna reforma debería empeorar la situación vigente para los niños.

Todos los actores involucrados en el debate coinciden que la Ley Penal Juvenil debe ser reformada de acuerdo con las normativas internacionales, que establecen que el Estado debe intervenir sobre la responsabilidad de los menores frente a la comisión de un delito.

La postura del gobierno nacional fue sostenida en el debate por Diana Cohen Agresto, cuyo hijo fue asesinado en un robo en el año 2011.

El Presidente, al hablar esta semana en el Congreso, habló de debatir el régimen penal juvenil pero sin mencionar la baja en la edad de imputabilidad.