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Se trata de Carlos Enrique Marenda. Le dieron cinco años de prisión y se lo llevaron esposado
La sede central de IOMA. Por fraudes a esa obra social, ayer condenaron a un empresario
La jueza correccional platense, Graciela Buscarini, condenó ayer a la pena de cinco años de prisión al empresario Carlos Enrique Marenda, a quien encontró culpable por 63 hechos de fraude en perjuicio de la Administración Pública (IOMA) y, otros 18 hechos tentados, entre los años 2008 y 2010, con el manejo de prótesis para traumatología.
En la misma resolución, según informaron fuentes judiciales, se ordenó la inmediata detención del imputado, a quien se llevaron esposado de tribunales, aunque no habría estado en la sala donde se procedió a la lectura del veredicto.
Como se sabe, Marenda había llegado excarcelado al debate, aunque ahora, a partir del fallo condenatorio, se le revocó ese beneficio y anoche ya estaba alojado en un calabozo de la DDI La Plata.
En la resolución se determinó que la maniobra defraudatoria habría consistido en “confeccionar y presentar al cobro trámites apócrifos de prótesis traumatológicas importadas, supuestamente colocadas a afiliados a esa Obra Social que, en razón de verdad, nunca fueron intervenidos”.
Por este caso, Jorge Paolini, de la UFI de Delitos Complejos, pidió para Marenda la pena de siete años y dos meses de prisión. Y con similares fundamentos, al margen de incorporar otros agravantes, Homero Picone, que representó al Fisco bonaerense en el rol de particular damnificado, exigió una dura condena.
En su requerimiento, Paolini sostuvo que “se encuentra acreditado que, entre 2008 y 2010, Carlos Marenda, en conjunto con otras dos personas -con las cuales este Ministerio Público arribó a un juicio abreviado- defraudó a la administración pública, a la obra social IOMA mediante trámites apócrifos supuestamente colocados a los afiliados pero que nunca se hicieron”.
En tanto, la defensa, a cargo de Fabián Améndola, había peticionado el cambio de competencia, ya que el delito endilgado, según su óptica, pertenece a la órbita federal.
Además solicitó, de ser la sentencia condenatoria, el mínimo de la escala legal, pero ninguno de esos dos planteos prosperó.
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