Sigue irresuelto el problema del hacinamiento en las comisarías de la Provincia

Desde hace varias décadas se vienen sucediendo en la Provincia reclamos por las condiciones de hacinamiento en que se encuentran las personas detenidas en las comisarías bonaerenses, seguidos esos requerimientos de anuncios oficiales que garantizaban mejoras estructurales siempre postergadas.

Por cierto que, relacionado a este grave problema, se encuentra el de la permanencia prolongada e ilegal de presos en las comisarías, incumpliéndose de esa manera con expresos mandatos legales. Tal situación implica, asimismo, que buena parte del personal policial debe ser afectado a la custodia de esos presos, en una tarea que no les corresponde, sino que es propia del Servicio Penitenciario. Sin embargo, resulta desalentador que persista irresuelto, desde hace tanto tiempo, el endémico problema de las comisarías bonaerenses convertidas en cárceles.

Ahora una jueza penal platense acaba de ordenar la clausura de los calabozos de una de las comisarías de la Ciudad, al haberse constatado -entre otras graves deficiencias- que esa seccional dispone de una capacidad para 11 presos, pero había 24, es decir algo más del doble de la cantidad permitida. La medida se adoptó por el hacinamiento y las condiciones pésimas en que fue hallada la estructura edilicia de esa comisaría.

Tal como se informó, las fuentes judiciales detallaron que el procedimiento sobrevino como consecuencia de las visitas a cárceles y comisarías que dispone la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, que designa a jueces para que cada dos meses realicen relevamientos en distintas dependencias policiales y en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde hay detenidos en causas de esta jurisdicción.

Entre tantos antecedentes acumulados, podría recordarse aquí que hace once años años la Corte Suprema de la Nación emitió un fallo específicamente referido a las “pésimas condiciones” de detención que se verificaban en las comisarías de La Plata. Y ordenó al máximo tribunal bonaerense que “haga cesar” la situación de hacinamiento que, desde hace tiempo, se observaba en las seccionales locales, donde se albergaba, entonces, una cantidad de reos cinco veces superior a su capacidad.

El tema había llegado al máximo tribunal por una denuncia de la Defensoría General de Casación bonaerense, que había puesto el acento en el “agravamiento” de las condiciones impropias de detención que representaba para los presos la superpoblación y el hacinamiento en las comisarías.

Además del aspecto denunciado entonces por Casación, las comisarías desbordadas de presos siguen planteando un serio problema de inseguridad en los barrios donde están asentadas, porque el riesgo de motines, revueltas y fugas es elevadísimo. Por otro, distrae una enorme cantidad de efectivos que deben dedicarse al cuidado y traslado de detenidos en lugar de cumplir tareas de prevención y represión del delito en la región. Y además genera una eventual responsabilidad de los comisarios, que quedan forzados a aceptar la irregularidad de alojar más detenidos de los que puedan albergar.

Debe insistirse también en que la Policía debe concentrarse en sus tareas específicas, sobre todo en un clima de extrema inseguridad como el que se vive. No puede cumplir una función que es propia del Servicio Penitenciario. Y por otra parte, la Provincia –especialmente a través de sus estamentos judiciales- está obligada a hacer cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado Federal, tal como señaló la Corte nacional en su fallo.