Cruces entre la oposición y el Gobierno tras el anuncio de la Oficina Anticorrupción

El ministro de Justicia de la Provincia Gustavo Ferrari salió ayer a desestimar las críticas de referentes de la oposición que reclamaron que la flamante Oficina Anticorrupción sea un organismo autárquico y no forme parte de la estructura de esa cartera.

“No somos nosotros quienes juzgamos los casos, sino la Justicia, que es otro poder del Estado. No es que nosotros hacemos las investigaciones y dictamos sentencia. Es la Justicia quien va a hacerlo. No se puede pedir una situación más clara”, dijo Ferrari.

“Nuestro rol es sólo ver la verosimilitud de lo que se está planteando en las denuncias y la Justicia va a ser la que investigue”, agregó el titular de Justicia ayer, en declaraciones radiales.

Tras el anuncio que encabezaron Ferrari y la gobernadora María Eugenia Vidal el martes, varios legisladores de la oposición salieron a plantear objeciones y pidieron que Oficina de Fortalecimiento Institucional sea autárquica y esté encabezado por un dirigente de ese espacio.

Por un lado, el diputado massista Lisandro Bonelli le reclamó a Vidal que “deje de hacer anuncios grandilocuentes y que ponga en marcha acciones concretas que terminen con la corrupción”.

Bonelli advirtió que “todos los organismos internacionales recomiendan que este tipo de oficinas tienen que tener autarquía y autonomía, es decir, independencia en funciones e independencia económica para lograr ser imparciales”. En ese marco, indicó que “crear una oficina por decreto donde el director lo pone la Gobernadora para que después la investigue a ella o a sus funcionarios, es una propuesta que no goza de seriedad”.

Por su parte, el senador peronista Patricio García calificó de “marketinero” el anuncio de Vidal y sostuvo que el organismo “funcionará en el seno de quien debe controlar.”

García aseguró que el año pasado, desde el Bloque Peronista se impulsó “un trabajo para llegar un consenso con todos los bloques y aprobar una norma más profunda que se aboque a las cuestiones de la ética en el ejercicio de la función pública, pero que también nos permita reparar una deuda constitucional: ya que la reforma de 1994, en su artículo 3 previó la creación de un Tribunal Social de Responsabilidad Política que debe ser reglamentado por ley”.

“Proponemos que este Tribunal examine los actos de corrupción que pudieran cometer los funcionarios de los poderes públicos provinciales y municipales, y que sea un organismo que actúe con autonomía funcional e independencia de criterios, pautas y definiciones de sus actos”, señaló García.