La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) resolvió ayer rechazar la nueva oferta del gobierno de María Eugenia Vidal en el segundo encuentro en la mesa de negociaciones paritarias.
En ese marco, el gremio que nuclea a los judiciales de la Provincia anunció que analizará en asambleas la posibilidad de convocar nuevas medidas de fuerza como las que vienen cumpliendo desde el mes de febrero.
Los representantes sindicales encabezados por el secretario general de la AJB Pablo Abramovich mantuvieron ayer una nueva reunión en la sede del ministerio de Trabajo provincial con funcionarios del Ejecutivo en la mesa de paritarias.
En ese marco, el gobierno de Vidal no se movió del porcentaje ofrecido en el primer encuentro, es decir, el 18 por ciento a pagar en cuatro cuotas.
Pero esta vez sumó a esa propuesta la posibilidad de otorgar un pago a cuenta equivalente al 10 por ciento de aumento a partir de abril, como base para iniciar una nueva etapa de la negociación.
Como ocurrió en la primera reunión, los representantes gremiales rechazaron con mandato de los afiliados la propuesta y ahora analizan nuevas medidas de fuerza que impactarían en el funcionamiento de los tribunales.
Tras la reunión, en declaraciones a la prensa, Abramovich señaló que rechazaron la propuesta porque entienden que tiene que haber una oferta “superadora”.
“Nosotros seguimos sin aceptar porque pensamos que tiene que haber una propuesta superadora, que no hay nada que esperar para mejorar la propuesta. De lo contrario, seguiremos en conflicto”, explicó el dirigente de los judiciales.
Abramovich afirmó también que la oferta del pago a cuenta fue realizada desde la administración bonaerense porque “ellos presumen que no va a haber un acuerdo en el corto plazo”. Además, lamentó “la falta de predisposición a encarar la cuestión de fondo que es encontrar una propuesta que cubra la pérdida del poder adquisitivo”.
Hoy, el gremio realizará asambleas en las distintas departamentales del Conurbano y el interior en las que se analizará de qué forma seguirán con el plan de lucha, que incluye también un reclamo al Ejecutivo para que interceda ante la Suprema Corte y se dejen sin efecto los descuentos ya aplicados por días de paro.
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