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La Provincia |LO ORDENO LA JUSTICIA FEDERAL

Allanan ministerios bonaerenses en una causa por facturas truchas

Los operativos se realizaron en la sede de Educación y de Producción

Allanan ministerios bonaerenses en una causa por facturas truchas

Se secuestró documentación vinculada a la investigación que lleva adelante el juez quilmeño Armella - sebastian casali

12 de Mayo de 2017 | 02:17
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Efectivos de Prefectura y agentes de la AFIP secuestraron ayer documentación en un operativo en la sede de dos ministerios bonaerenses, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras con facturas truchas para la evasión impositiva.

Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal de Quilmes Luis Armella y se realizaron por la mañana en la sede de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, ubicada en calle 13 entre 56 y 57, y del Instituto Provincial de Acción Cooperativa (IPAC) dependiente del ministerio de Producción bonaerense.

De ambas sedes gubernamentales se secuestró documentación administrativa, indicaron fuentes judiciales.

La causa se inició en el año 2015 a partir de una denuncia de la AFIP que apuntó contra el estudio contable de Ángel Guidoccio, un hombre cercano al presidente de Boca Juniors Daniel Angelici, sindicado como la supuesta cabeza de una asociación ilícita para defraudar al fisco.

La maniobra, según la denuncia, implicó la evasión de más de $1.500 millones entre 2015 y 2016 a partir de una estructura que se extendió por casi todo el país.

En efecto, el juez quilmeño Luis Armella está detrás de una red que operaba a nivel nacional con entidades públicas y privadas, y que viene usando miles de facturas apócrifas para mover dinero negro.

“La maniobra implicó la evasión de más de $ 1.500 millones entre 2015 y 2016, una estructura que se extendió por casi todo el país. La red nutría de facturas truchas a sus contactos en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Neuquén y Río Negro”, indicaron fuentes de la investigación.

El juez Armella ordenó hasta ahora más de cuarenta allanamientos a empresas y personas.

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