La Defensoría del Pueblo pidió en la Justicia que se deje sin efecto el aumento de la luz

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó ayer ante la Justicia un pedido de amparo para deje sin efecto la aplicación del nuevo cuadro tarifario de luz, que prevé un aumento promedio del 58 por ciento.

La presentación recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, a cargo del juez Luis Arias.

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, argumentó que el incremento dispuesto por el Ejecutivo provincial provocará “serias afectaciones” a los usuarios del servicio, “al no haberse respetado el derecho constitucional al resguardo de los intereses económicos de los consumidores”.

Además, advirtió que al momento de disponer la suba “no se demostró correlación entre los ingresos medios de las familias y el aumento”, precisó en un comunicado el organismo.

En su presentación, Lorenzino cuestionó que el aumento de la tarifa prevea “un importe a cuenta de la ejecución de obras futuras ya que este ítem hace que el incremento tenga carácter de tributo que, como todo impuesto, tiene que ser determinado por ley”.

Otro considerando en el que se basó la presentación judicial de la Defensoría tiene que ver con que no se habría tendido en cuenta lo que expresó el Defensor del Pueblo en las audiencias públicas realizadas para tratar las subas.

Es que la aceptación o el rechazo de lo que se diga en estos encuentros, por más que no sean vinculantes, tiene que quedar de manifiesto en los considerandos del aumento, circunstancia que en esta oportunidad se pasó por alto, lo que hace que la audiencia pueda ser considerada nula.

“Vamos a la Justicia para frenar esta suba porque, en un contexto en que los consumidores deben enfrentar desde hace tiempo aumentos en todos los servicios, nos oponemos a una nueva medida con puntos tan cuestionables y que suma complicaciones a los bonaerenses”, subrayó Lorenzino.

DECRETO

El gobierno bonaerense publicó el martes pasado en el Boletín Oficial el decreto por el cual se autorizó a las cuatro empresas distribuidoras (Edelap, EDEA, EDEN y EDES) y a las cerca de 200 cooperativas del interior a aplicar aumentos en la tarifa.

La suba de la tarifa eléctrica trepará un 58,1%, ya que al incremento del 39,2% que autorizó en enero pasado el gobierno nacional a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), se añadirá un aumento del 18,9% que el Ejecutivo bonaerense autorizó la semana pasada a las empresas, que por su parte firmaron un plan de inversión.