Desaparecidos: la ley generá más polémica

La norma que determina que las publicaciones oficiales de la Provincia deban consignar como “cívico militar” a la última dictadura y el número 30.000 junto a la expresión “desaparecidos”, sigue generando polémica en diversos ámbitos. A los cuestionamientos que le formuló a la norma en las últimas horas el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, se sumó ayer el vicegobernador Daniel Salvador quien cuestionó que se quiera “establecer una verdad por ley”.

“No se puede establecer por ley el número de desaparecidos”, indicó Salvador. “Querer establecer una verdad por ley me parece que no corresponde bajo ningún punto de vista”, dijo.

Tras recordar que formó parte de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), Salvador aclaró que “en ningún momento voy a participar de un debate por el número de desaparecidos tan alejado de lo humano como fue ese plan sistemático y siniestro de secuestro, tortura, muerte y desaparición”.

“Esos hechos hacen que lo numérico no pueda ser considerado como un punto de discusión. La verdadera profundidad que tuvo (el golpe de Estado) quedó reflejada en el informe del ‘Nunca Más’”, reflexionó.

Explicó luego que “el proyecto pasó por ambas Cámaras, una de las cuales presido yo, y finalmente se convirtió en ley con la decisión casi unánime en el recinto” pero aclaró que “ello no quita que se pueda cambiar ese criterio con otra ley”.

En esa misma línea, el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, explicó que desde el gobierno de María Eugenia Vidal analizan la posibilidad de “reglamentar la ley sin que viole el derecho de libertad de expresión, el derecho a la información y la búsqueda de la verdad” o que, directamente, “se derogue”.

También se metió en la polémica la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. “Miente, fabula, inventa y el interés es convencer a sus feligreses de que lo que está diciendo es cierto y que nosotros somos mentirosas, y especuladoras de la muerte de nuestros hijos”, afirmó al cuestionar al arzobispo platense.

Aguer sostuvo en el tedeum que “en la Provincia se impuso por ley un número mágico que hay que sostener acerca de las víctimas de la crueldad de la última dictadura” y dijo que “no corresponde a la Legislatura imponer por ley algo que es muy discutido”.

La norma, cuyo autor fue el senador kirchnerista de Lanús, Darío Díaz Pérez, establece que se incorporará “de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la Provincia, el término ‘Dictadura Cívico-Militar’ y el número de 30.000 junto a la expresión ‘desaparecidos’, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.