No corresponde eternizar los vallados en torno a los edificios gubernamentales

Un pedido de informes al Ejecutivo municipal sometido a consideración del Concejo Deliberante, cuyo texto y fundamentación fueron reflejados en la edición de ayer, formula interrogantes y cuestionamientos en torno a la presencia de los vallados que se encuentran instalados en torno a muchos de los edificios públicos -entre otros, la Casa de Gobierno, la dirección general de Escuelas y varios edificios ministeriales- que se han convertido en obstáculos para la circulación de los peatones. Es de esperar, entonces, que se tomen medidas efectivas en torno a un tema que incluye muchas cuestiones relacionadas a la vida comunitaria y al bien común.

Tal como se informó, los vallados ni siquiera cumplen con su condición de “móviles” ya que, en lugar de ser colocados sólo cuando se considere necesaria su presencia, quedan instalados en forma permanente. Algunos, como se ha dicho, impiden por completo el paso desde la línea de los frentes hasta los cordones y, otros, a pesar de haber sido plegados y recostados contra una pared o árbol, igualmente se convierten en obstáculos para el desplazamiento normal de las personas.

A grandes rasgos, debe decirse que en esta columna se ha cuestionado siempre la ocupación ilegal que muchos platenses hacen de las veredas con toda clase de puestos de venta o de mercaderías en el centro, en actitudes que ahora se ven intensificadas por la costumbre de estacionar los autos en las veredas, todas ellas demostrativas del ostensible desinterés y desconocimiento de muchos vecinos y comerciantes informales acerca de lo que significan el concepto y el valor del espacio público en una ciudad.

Sometidas al avance sin freno de aquellos que convierten en propio lo que es público, las veredas de La Plata se han transformado en una enrevesada carrera de obstáculos. Por aquí y por allá, las aceras están sembradas de mesas, sillas, toldos, cajones de frutas y verduras, carteles, bicicleteros, artesanos y manteros que se adueñan del espacio público y dejan estrechos corredores en áreas de intensa circulación peatonal.

A ellos, tal como lo reflejó el informe publicado en este diario, ahora se han sumado nada menos que muchos de los principales edificios gubernamentales. En estos casos, las transgresiones resultan ser mucho más graves ya que es el propio Estado o –para decirlo con mayor especificidad- algunos funcionarios los que se arrogan un derecho que no los asiste, como es el de ocupar un espacio que sólo pertenece a la comunidad.

Las veredas no pueden ni deben convertirse en escenarios anárquicos, a disposición de cualquier arbitrio. Si ya preocupan por su pésimo estado de conservación, el interés público no puede permitir que se conviertan en tierra de nadie. Si los responsables directos, privados u oficiales -que son quienes infringen la ley- no toman conciencia sobre la necesidad de respetar las normas para la utilización de la vía pública y actúan en consecuencia, los trastornos seguirán apoderándose de la Ciudad, cuyas autoridades debieran impedir con energía cualquier desborde y sancionar todas aquellas infracciones, aplicándose las medidas previstas en las ordenanzas.

En cuanto a los vallados en torno a las sedes oficiales, lo natural parece ser que, si por algún motivo circunstancial, relacionado a cuestiones de seguridad y para evitar males, convenga instalarlos, correspondería entonces solamente una colocación temporaria. Superadas esas situaciones, lo que debe hacerse es retirar las rejas y despejar las veredas en el menor plazo posible. No eternizarlas.