La Ciudad desbordada por el auge de las “saladitas” y los vendedores ambulantes

Al igual que en otras ocasiones la Ciudad sufre un desborde de la venta ambulante. Pese a las anunciadas campañas para combatirlos, la continua instalación de puestos puede verse tanto en el centro como en la periferia y en localidades vecinas. Con varios de sus principales espacios verdes convertidos en escenarios para distintos tipos de ferias improvisadas, La Plata se encuentra quinta en el ranking de ciudades del país con más venta informal: en la actualidad son 3.100 los puestos instalados, computándose manteros y “saladitas”. El ranking surgió de un sondeo realizado en 465 ciudades argentinas, habiéndose detectado en el territorio, en mayo pasado, 662 saladitas en 110 localidades, 6 más que en la anterior medición de agosto de 2016. Según el informe, la ciudad de Buenos Aires, el partido de Lomas de Zamora, San Salvador de Jujuy, y las localidades bonaerenses de La Matanza, La Plata y Florencio Varela fueron en mayo los lugares con mayor cantidad de vendedores ilegales.

Tal como se informó en este diario, una de las zonas más críticas se encuentra sobre la avenida 7 entre 51 y 53, sobre el frente de la Legislatura, donde casi no queda espacio para los peatones. Una recorrida por la cincuentena de puestos permite comprobar la presencia de una suerte de shopping a cielo abierto: carteras, bijouterie, billeteras, anteojos, bufandas, golosinas, alimentos, cuchillos, láminas con tablas de multiplicar, sábanas, la oferta es muy variada.

Desde las áreas municipales con incumbencia en el tema se aseguró que se realizan operativos, pero que los vendedores vuelven a instalarse, por lo cual –añadieron- “vamos a tener que dejar personal apostado en esa zona para evitar que se reinstalen”. Asimismo, sostuvieron que, en los operativos contra la venta ilegal, también debieran intervenir agentes de ARBA, de AFIP y hasta miembros de las fuerzas de seguridad.

Justamente, en esta columna se dijo en varias ocasiones que la tolerancia pasiva que, a lo largo de muchos años, exhibió el Estado frente a la presencia de la venta informal, no atañe exclusivamente a la Municipalidad, sino que las administraciones provincial y nacional -en la medida en que muchas de las violaciones legales en que incurre la venta ambulante, conciernen a leyes y reglamentaciones fijadas por esas jurisdicciones- deberían intervenir activamente.

Han sido constantes los reclamos de las cámaras, federaciones y asociaciones comerciales de nuestra zona, planteando que los controles que se realizan son “espasmódicos” y que “se necesitan operativos permanentes cada dos días”, además de cuestionar la presencia de ferias “en las que se legaliza la venta de mercadería de dudoso origen”.

Desde luego que resulta especialmente delicada una cuestión que involucra la natural y justa necesidad de trabajar de personas que no han podido incorporarse al mercado laboral y que, por consiguiente, buscan remediar ese problema desplegando alguna actividad informal. Pero ésta es una cuestión que, tanto las autoridades como los propios trabajadores informales, deberían resolver mediante otras vías.

Pero lo que resulta inadmisible es que la comercialización de productos se vea anarquizada, desprovista de todo control tributario, así como sometida al libre albedrío de especuladores que financian y manejan, con características mafiosas esta economía informal. Municipio, Provincia y Nación, tienen la palabra.