Hay 2.800 policías investigados por casos de violencia institucional

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, informó ayer que hay 2.800 policías de la Provincia investigados por violencia institucional, al participar de una jornada sobre ese flagelo.

Ritondo disertó en la jornada “Reflexión e Implementación del Registro de Violencia Institucional” junto a su par de Justicia, Gustavo Ferrari; el secretario de Derechos Humanos provincial, Santiago Cantón, y el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.

Resaltó que “comenzamos a hablar de asuntos que no se discutían y los números son contundentes: desde que asumimos hasta hoy tenemos 2.400 sumarios iniciados y 2.800 efectivos investigados en casos de violencia institucional”.

“Esto demuestra la voluntad política en trabajar contra todo caso de este tipo dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, enfatizó.

El ministro Ritondo brindó las cifras ayer al presentar el “Registro de Violencia Institucional”

Dijo además que “hemos creado desde la Auditoría General de Asuntos Internos una Dirección de Prevención, Género y Derechos Humanos con el objetivo de promover la ejecución de políticas de prevención y operativas en el fortalecimiento institucional de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esta área trabaja en conjunto con otros organismos gubernamentales como no gubernamentales”.

“Por ejemplo, con el Centro de Protección a las Víctimas que pertenece al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos o el CELS”, amplió.

La apertura del acto estuvo a cargo del procurador Conte Grand; la presidenta de la Suprema Corte, Hilda Kogan; el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Manuel Mosca, y el vicegobernador, Daniel Salvador.

En tanto, el ministro Ferrari destacó “la decisión política de Vidal, acompañada por la Procuración General, de trabajar sobre la violencia que puede ser ejercida respecto de las personas que están en situación de encierro”.

Y agregó: “Hay una asimetría que siempre existe entre un Estado con el monopolio de la fuerza y los particulares, que deberían estar resguardados respecto de sus derechos”.