Faltan muchos pasos para que las mujeres logren una efectiva igualdad de derechos

Las reiteradas manifestaciones masivas realizadas en numerosas plazas del país, resumidas en la consigna #NiUnaMenos, si bien reflejan un sentimiento común y mayoritario de la población argentina, no lograron hasta ahora que se reduzcan los índices de violencia de género –que sigue constituyéndose en un flagelo social- ni que se atienda a un reclamo integral, que apunta también a otro tipo de demandas.

Como bien se conoce, la denominada marcha “NiUnaMenos” que se realizó por primera vez el 3 de junio de 2015 en ochenta ciudades de nuestro país, apuntó fundamentalmente a la violencia machista. Repetida en la misma jornada y el 19 de octubre de 2016, se estimó que para entonces, en promedio, se cometía un femicidio cada 30 horas. Sin embargo, para 2017 ese promedio se elevó a un homicidio cada 18 horas.

Bien se conocen los muchos pasos legislativos dados en nuestro país para enfrentar estas situaciones, incorporándose figuras específicas al Código Penal, agravando las penas y perfeccionando la aplicación de nuevas normas que procuran garantizar una mayor seguridad en las potenciales víctimas. Al mismo tiempo, en los cuadros judiciales y administrativos se han creado diversas dependencias destinadas a la mejor defensa de la mujer. Sin embargo, los distintos tipos delictivos no dejan de cometerse.

Tal como lo han señalado en forma insistente, las mujeres piden y desde luego merecen mayor respeto. Poder caminar por la calle o subirse a los micros sin ser molestadas o, por ejemplo, no ser denigradas o ridiculizadas en las comisarías, cuando presentan algún tipo de denuncia por actos de violencia de sus parejas. En estos casos, que pueden parecer menores, se basa también buena parte del injusto desmedro que sufren las mujeres.

Con más que fundadas razones, las mujeres argentinas vienen protestando por la persistencia genérica de una cultura machista, que impide el ejercicio de una plena soberanía femenina, que las relega de los lugares de decisión y las obliga, también, a sufrir otras discriminaciones laborales y salariales. Tal como lo han definido expresamente en las últimas horas, sus reclamos apuntan no sólo a una ausencia de políticas de prevención de la violencia, sino a la existencia de inequidades por cuestiones de género, así como a la falta de programas de salud –sanitarios y educativos- que son claves, como los de salud sexual y reproductiva.

Durante mucho tiempo, los sociólogos vinieron aludiendo a las dificultades que muchas mujeres encontraban para denunciar los malos tratos y las desigualdades, algo que explica que las estadísticas, por ese mismo motivo, hubieran sido parciales o incompletas. Sin embargo, afortunadamente, esas reticencias parecen declinar y hoy son muchas más las víctimas tantas actitudes aberrantes que formulan presentaciones ante la Policía u otros organismos públicos habilitados.

De todos modos, más allá de estos y otros avances concretados en algunos planos institucionales, persiste como prioritaria la necesidad de aunar esfuerzos, ya que se trata de una problemática que debe ser enfrentada desde distintos frentes. Es de esperar, entonces, que la sociedad se ponga a la altura cultural de este desafío y de este compromiso por la dignidad humana.