El conflicto social irrumpe en el escenario bonaerense

La esquina de Urquiza y Posadas, ubicada en pleno Conurbano industrial en la localidad de Florida, quedó regada de piedras y manchones renegridos de gomas quemadas. En ese punto equidistante unas 25 cuadras de la General Paz y la Panamericana ocurrió el desalojo de la planta de Pepsico, que puso al conflicto social en la agenda pública justo en el inicio formal de la campaña electoral.

Por eso las fuerzas de izquierda que representan al 20% de los trabajadores de esa fábrica – el otro 80% acordó la doble indemnización - buscaron capitalizar el conflicto, que se disparó tres semanas atrás cuando la multinacional ejecutó el despido de sus 600 operarios, el 70% mujeres. El frío cartel que informó el cese continuaba pegado ayer en la puerta de la planta, pudo constatar EL DIA.

“Se comunica al personal que queda transitoriamente liberado de prestar servicios manteniendo el goce de sueldos. La empresa los estará contactando”, indicaba el letrero colocado sobre la puerta que los efectivos de la Policía bonaerense no pudieron derribar, pese a que arremetieron con vehemencia en medio del operativo ordenado por una jueza de garantías de San Isidro.

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Sobre esa misma puerta, que quedó abollada por los golpes y la acción de las barretas policiales, también se podía leer en letras rojas: “Daer traidor”. Así calificaron los obreros que tomaron la planta de Pepsico al secretario general del gremio de la Alimentación, Rodolfo Daer, quien fuera jefe de la CGT y que sigue controlando el sindicato de esa actividad en la capital y el Conurbano.

Se trata, en rigor, de un nuevo capítulo del viejo enfrentamiento entre los sindicatos peronistas y las comisiones de izquierda, que son fuertes en todo el corredor de la Panamericana. Por eso ayer estuvieron en Florida dirigentes como Luis Zamora, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, Cristian Castillo y Vilma Ripoll, metidos en medio de los tumultos entre los manifestantes y los policías.

Claro que no sólo los partidos de izquierda buscan dejar en evidencia el conflicto social de cara a las próximas elecciones. También procura ese cometido la ex presidenta Cristina Kirchner, quien viene de visitar en Zárate a los obreros despedidos de Atucha y que necesita equilibrar la balanza de la discusión política, dominada hasta el momento por la corrupción registrada en su gestión.

La ex presidenta, como toda la oposición a la alianza gubernamental Cambiemos, basa su campaña en los cuestionamientos al rumbo económico, con el que apunta contra Mauricio Macri pasando por alto a la gobernadora María Eugenia Vidal. También Sergio Massa criticó ayer la política económica del Gobierno, en su caso centrado en los precios y “la estafa de los supermercados”.

El oficialismo, por su parte, optó por el silencio de sus máximas figuras. Por lo bajo, distintos funcionarios y legisladores consideraron que la protesta en Pepsico fue “política” y que el conflicto se debió a una “decisión empresaria”, en referencia a la mudanza de la planta a Mar del Plata, debido a su cercanía con la producción de papas, insumo de base para los productos de la firma.

Por ende, la lógica gubernamental era de no intervención. De hecho, el Ministerio de Trabajo dio por agotadas las negociaciones en el momento en que Pepsico ofreció la doble indemnización. En fuentes sindicales se apuntaba ayer sobre la “sintonía” entre el CEO de la multinacional y algunos funcionarios del Gobierno, que compartieron directorios de empresas en el pasado reciente.

Al caer la tarde, la conducción de la CGT –reunida en la sede porteña de la calle Azopardo con Daer en la mesa- anunció una marcha para el 22 de agosto, nueve días después de las PASO. Para ese momento del día, ya quedaba claro que los conflictos sociales y laborales serán al menos uno de los aspectos que podrían incidir en la orientación del electorado en el territorio bonaerense.