Hace dos semanas, Marcos, un efectivo de la Policía Local platense de 23 años recibió un mensaje de su novia, también integrante de la fuerza, a través de Whatsapp. Se trataba de un audio de poco menos de un minuto, en el que una voz anónima que se identificaba como oficial de policía advertía sobre las afiliaciones truchas. Incluso, mencionaba una supuesta exoneración de un compañero de fuerza al que se le había constatado una afiliación política de la que ni siquiera tenía noticias.
Luego de recibir el mensaje, Marcos y su novia se conectaron a la página de la Cámara Nacional Electoral y, para sorpresa de ambos, los dos figuraban como adherentes a un partido político.
Marcos esperaba el viernes pasado a la mañana frente a los tribunales Federales de 8 y 50 que su novia termine los trámites para denunciar esa situación y pedir la desafiliación. “Obviamente, no podemos estar afiliados, como tampoco ir a una manifestación. Somos funcionarios públicos, esto que hicieron algunos vivos nos puede hacer perder el trabajo”, dice, apurado porque en un rato “entra en servicio”.
En el hall del edificio de los Tribunales Federales, las largas colas están llenas de uniformes: hay de la Policía Local y de la Bonaerense. Pablo, integrante de Infantería, también luce su ropa de servicio y espera, paciente, que una de las secretarías que dispuso el Juzgado con competencia electoral llame su número.
“Soy de familia policial. Ese mensaje de audio de Whatsapp me llegó por diez lados distintos. Me metí en la página y aparezco como afiliado”, cuenta. Y agrega: “Vengo a desafiliarme. Pero además, quiero saber cómo fue que terminé enrolado en un partido cuando nunca en mi vida tuve ningún contacto con la política”.
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