La historia del Polaquito reabre el debate de qué hacer con los niños que delinquen

Fue tema de conversación ineludible en hogares y ámbitos de trabajo a lo largo de la semana que pasó. La figura infantil del Polaquito contando por televisión cómo a sus 12 años ya era un delincuente consumado con al menos un homicidio en su haber tocó una fibra sensible en millones de argentinos generando tanto reacciones de terror como de indignación. Y es que no pasó inadvertido para muchos el hecho de que su historia -presentada el domingo en el programa de Jorge Lanata- surgiera en un momento en que la inseguridad gana terreno como tema de campaña y el gobierno avanza en una iniciativa para bajar la edad de imputabilidad.

Especulaciones aparte, lo cierto es que la historia del Polaquito, este nene de Villa Carranza que se jacta de manejar armas de fuego mejor que la policía, no deja de encuadrarse en una realidad que advierten tanto expertos en niñez como funcionarios del ámbito judicial: a lo largo de los años la edad de los menores que delinquen se torna cada vez menor. Así quedó de manifiesto de hecho en una serie de robos a comercios ocurridos durante los últimos meses en La Plata y que se atribuyen a una “banda” cuyos integrantes tendrían entre 7 y 12 años de edad.

Este diagnóstico en el que coinciden expertos de distintos sectores impone una pregunta que despierta reacciones contrapuestas: qué debería hacerse con ese creciente grupo de nenes cada vez más chicos que, como el Polaquito, han convertido el robo en una forma de vida, manejan armas de fuego, no temen a la policía y, llegado el caso, tampoco dudan en matar.

SIN CONTENCIÓN

“No tengo miedo a nada”, confiesa ante la cámara el Polaquito, quien esta semana se convirtió en el arquetipo del delincuente infantil. No hace falta tampoco que lo diga: de su crudo relato se desprende que es así. “Maté a uno pero no me hicieron la denuncia porque era un transa. No me quiso regalar una bolsita de droga y (el disparo) se lo di en la boca. Le di uno acá, que le salió por acá”, cuenta el chico, que vive en uno de los barrios más pobres de Lanús, dejó la escuela en 4º grado y cuyo papá está preso; “re en cana”, dice él.

Al igual que él, gran parte de los menores detenidos por delitos en la Provincia proviene de hogares empobrecidos, desintegrados familiarmente y que no les ofrecen contención. “No es que no tengan casa, en general tienen un domicilio, pero es un lugar que no los aloja. Están expulsados de ahí por motivos familiares. Tienen una historia detrás en la que no fueron contenidos ni recibieron afecto de sus padres. Y eso se hace una cadena”, cuenta Rita Figliozzi, la directora municipal de Niñez, quien sostiene que “no roban para comer”.

En esa visión coincide Juan Benavides, fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, encargado de dejar constancia durante su turno de las causas penales con menores que se abrieron en la Región. “A partir de los problemas familiares que arrastran, terminan viviendo en la calle. Ahí tienen una vida marginal, porque se juntan con chicos mayores que ellos y también con adultos. Esa mecánica cotidiana implica que son un subgrupo aparte”, explica el funcionario judicial.

¿Qué hace el Estado frente a esto? Como coinciden en reconocer expertos de distintos sectores, “prácticamente nada”. Cuando los menores son detenidos por pequeños robos, se intenta localizar a los padres para reintegrárselos y, si no se da con ellos, se lleva a esos chicos a un centro de recepción, una escala previa a dejarlos en la calle otra vez. Si bien en caso de delitos más graves, los jueces pueden fijar un régimen de encierro, es algo que ocurre sólo en forma excepcional y rara vez contribuye a su resocialización.

BAJAR LA EDAD

“Al “Polaquito” lo metemos preso todas las semanas. A las 12 horas sale. Es una realidad muy dura, que no es atacable únicamente desde la seguridad. Si no hay un juez que lo saque del vínculo sanguíneo, no hay solución. Es necesaria una medida cautelar que aleje coercitivamente al chico de su hogar. No le hacés ningún favor si el chico vuelve al lugar donde repite sus conductas”, sostuvo a principios de semana Diego Kravetz, secretario de Seguridad del municipio de Lanús.

Frente a este tipo de reclamos, la propuesta del gobierno nacional es bajar la edad de imputabilidad. Pocos días antes de que el Polaquito ganara fama televisiva, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, había anunciado que ya estaba listo el borrador del proyecto para reformar el sistema penal juvenil. La iniciativa busca fijar edad de imputabilidad en 14 años para delitos gravísimos y en 15 años para los muy graves. De ser aprobada por el Congreso, los primeros podrían tener penas mayores a 24 años, y los segundos una condena mínima de 15.

La propuesta del Gobierno encuentra una fuerte resistencia entre los principales expertos en temas de Niñez del país así como también de Unicef. En un documento reciente, el organismo internacional salió a pedir que en lugar de disminuir la edad de imputabilidad se cree un sistema en línea con los estándares internacionales que dejé las medidas privativas de la libertad como sanción excepcional y sólo en casos de extrema necesidad.

Contra los argumentos que sostienen que al bajar la edad, los chicos van a dejar de ser reclutados por el entramado delictivo, este tipo de medida “sólo logran que cada vez se reclute a pibes más chicos. Entendemos que los jóvenes son el eslabón más débil de la cadena delictiva y, mientras no se ataque esas redes, de nada sirve meterlos presos”, explica Rosario Hasperué desde del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, un colectivo de organizaciones que impulsan una campaña contra la baja de la edad de imputabilidad.

Entre sus mayores argumentos se encuentra la escasa incidencia que por otra parte tienen estas medidas para atacar la inseguridad. “Sabemos que de las causas penales iniciadas sólo el 3,6% de los hechos son atribuidos a personas menores de edad, cifra residual dentro del espectro de delitos. Dentro de ese 3,6% sólo el 0,55% son homicidios, incluidos los culposos. En suma, pese a su sobrepresentación en la prensa, la incidencia de delitos graves es ínfima aún entre los adolescentes punibles (entre los 16 y 18 años)”, señala Hasperué.

En medio del debate que vuelve a alzarse por estos días, no puede perderse de vista que esos chicos a los que el contexto social condenó a la marginalidad también tienen derecho a que se les devuelta la posibilidad de ir a la escuela y jugar como los demás.