El caso del avión desaparecido vuelve a exponer falencias graves en el accionar del Estado

Nuestro país asiste en estos días a la búsqueda de una avioneta desaparecida el lunes pasado, luego de despegar de la pista de San Fernando, en un operativo que se inició de inmediato sin que los rastrillajes realizados entre la zona del Delta y la provincias limítrofes hayan aportado un solo dato alentador, en lo que se refiere al paradero de los tres ocupantes y de la propia aeronave, en una situación que genera un lógico estado de angustia y consternación.

Más allá de las características azarosas y de otra índole que pueden presidir estos tipos de episodios, lo cierto es que anteayer comenzaron a sumarse voces críticas a la búsqueda que se realiza, expresadas por expertos y pilotos, así como por familiares de las personas hasta hoy desaparecidas, al considerar, según dijeron, que “no hay ningún plan” y que el operativo desplegado “es una improvisación continua”.

Al mismo tiempo, en la misma jornada, 16 naves privadas, entre avionetas y helicópteros se sumaron a los rastrillajes través de una iniciativa promovida por amigos y familiares de los pilotos a través de las redes sociales. Mientras tanto, fuentes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que coordina las operaciones, informaron que “no hay indicios” de la avioneta Mitsubishi matrícula LV MCV perdida hace hoy seis días, cuando partió del aeródromo de San Fernando rumbo a Formosa.

Se conoce que la ANAC reportó que la búsqueda continuó en las últimas horas en la zona del delta en un arco extendido de 200 millas hacia el norte a la zona de Chajarí (Entre Ríos), 150 millas al oeste a la zona de Sauce Viejo (Santa Fe) y 100 millas al sur hacia la zona de Magdalena (Buenos Aires). El organismo detalló en un comunicado que de los rastrillajes por aire, tierra y agua participan más de 35 aeronaves de ANAC, Fuerza Aérea Argentina, Fuerza Aérea Uruguaya, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Armada Argentina y aviones civiles que colaboran bajo las directivas de la coordinación.

Tanto en estos episodios, como en muchos otros en los que se investiga en forma caótica, tardía, errática o deficiente, dejan a la vista verdaderas muestras de ineficacia en investigaciones que, a veces, derivaron, en burdos fracasos

Más allá de las características de este caso particular, conviene extraer conclusiones generales y aludir –como lo señalaron expertos aeronáuticos- a la falta en nuestro país de grupos especializados en este tipo de tareas, que podrían resolver con mayor rapidez estos casos y otros muchos que ocurren en el ámbito penal. Existen antecedentes, aún muy cercanos, reveladores de la necesidad de que el Estado cuente con estructuras más específicas y adiestradas para enfrentar estas situaciones.

¿Cómo no mencionar lo ocurrido en el caso Pomar, aquella familia que inició el 14 de noviembre de 2009 un viaje en auto desde Salto hacia hacia Pergamino y que desapareció? Recién luego de 24 días y a pesar de los múltiples rastrillajes que se realizaron, fueron hallados muertos a la vera de la ruta que une a esas dos ciudades, merced al testimonio de un pasajero que los detectó desde la ventanilla del ómnibus en el que viajaba. También podría agregarse aquí el episodio, acaso una suerte de trágico calco, ocurrido en nuestra ciudad poco después, en el que el cadáver de una mujer asesinada apareció, ocho meses luego del homicidio, enterrado en la casa de su ex marido, ubicada a metros del domicilio en el que residía la víctima.

Tanto en estos episodios, como en muchos otros en los que se investiga en forma caótica, tardía, errática o deficiente, dejan a la vista verdaderas muestras de ineficacia en investigaciones que, a veces, derivaron, en burdos fracasos.

Está claro que nuestro país y también nuestra provincia necesitan, imperiosamente, mejorar en forma sustancial sus estructuras de investigación y búsqueda. Tal como se ha señalado, existen en muchos países grupos preparados y equipados especialmente para cubrir estas emergencias. Con sobrada razón la ciudadanía reclama una mayor eficacia investigativa y operativa del Estado. Las autoridades debieran tomar nota sobre la necesidad de que se modifique el rumbo, ya que el saldo negativo suele ser, muchas veces, que la población se sienta indefensa y desprotegida.