Rechazos a un proyecto que suprime la obligatoriedad de los planes de vacunación

Las sendas declaraciones emitidas por la facultad de Ciencias Médicas de la UNLP y el Colegio de Médicos platense en las que formularon un rotundo rechazo a un proyecto de ley que plantea suprimir la obligatoriedad de las vacunas incluidas en el calendario oficial -secundadas por la opinión en el mismo sentido de reconocidos especialistas- constituyen un claro respaldo a la necesidad de acentuar en nuestro país la vigencia de políticas sanitarias de índole preventiva.

Esos documentos, que se expresaron en la misma línea en que lo habían hecho con anterioridad la Sociedad Argentina de Pediatría y el ministerio de Salud provincial, reunieron entre ambos las firmas de algunos de los principales referentes tanto institucionales como académicos de la medicina local.

Ambos apuntaron contra el mismo blanco: el proyecto presentado por una diputada provincial, según el cual los adultos a cargo de menores podrían desistir de vacunar a los chicos si así lo resolvieran tras recibir la información debida sobre los riesgos colaterales que implica cada vacuna en sí.

Los organismos académicos y sanitarios coincidieron en apreciar que esa propuesta se traduciría en un retroceso muy importante en los logros en salud para nuestra población en todos los grupos de edad, ya que la vulnerabilidad a una determinada enfermedad prevenible por vacunación no es exclusiva del no vacunado sino que pone en riesgo a aquellos que no pueden ser alcanzados por el beneficio de la vacunación por su edad o por enfermedades de base.

“Las vacunas son seguras y eficaces” y constituyen “un derecho y una obligación de todos”, agregó una de las declaraciones médicas, reseñándose que nuestro país ha sido pionero en establecer el marco legal y en disponer del Calendario Nacional de Vacunación con vacunas provistas por el Estado más completo de América Latina.

Bien se conoce que investigadores de nuestro país han puesto de relieve que muchos padres, mal informados, eligen no vacunar a sus hijos, con la errónea finalidad de protegerlos, sin ser conscientes del enorme peligro al que los exponen.

Está claro que resulta indispensable consolidar un sistema preventivo para mejorar la protección sanitaria de la población. Resultaría por cierto muy valioso que se acentuaran los controles para verificar que se cumple con los distintos planes obligatorios de vacunación, así como los demás sistemas de fiscalizaciones periódicas de salud, que también debieran ser exigibles a la población de toda edad. Como se sabe, cada vez cobra mayor valor la realización de chequeos médicos preventivos, especialmente como método de detección temprana de muchas enfermedades.

Todo aconseja, entonces, a que se aliente la posibilidad de que la población disponga de referencias actualizadas sobre su estado de salud, incluyéndose en esas constancias, en forma prioritaria, la vacunación recibida, entre otras prácticas y exámenes que deberían realizarse en forma inexcusable.

Lo cierto es que el Estado no puede mostrarse, en modo alguno, permeable a ninguna alternativa que implique el abandono de políticas preventivas de excelencia que, como la de la vacunación, han significado una indiscutible mejora para la salud de la población.