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Opinión |EDITORIAL

El Estado incumple con el deber de resocialización de los detenidos en cárceles

11 de Agosto de 2017 | 01:34
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El anuncio oficial acerca de que, en lo que va de 2017, se secuestraron miles de armas blancas y de celulares en las cárceles bonaerenses, a partir de las requisas que realiza el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), viene a exhibir las falencias estructurales que caracterizan al sistema carcelario, así como el escaso trabajo que se realiza en lo que concierne a la resocialización de los presos, ya no sólo privados de toda actividad laboral o recreativa en los penales, sino sometidos a pésimas condiciones de detención.

Tal como se informó en este diario, la última requisa sorpresiva tuvo lugar en la Unidad 42 de Florencio Varela, donde se encuentran alojados 898 internos. Personal penitenciario ingresó con canes de la división Perros para revisar cada uno de los distintos pabellones y el procedimiento terminó con el secuestro de 38 elementos corto punzantes, 137 celulares, 100 chips, cargadores de teléfonos y macetas donde cultivaban marihuana, informaron voceros penitenciarios.

Las fuentes precisaron que desde enero y hasta julio de este año fueron secuestrados más de 12.000 celulares y cerca de 7.900 “facas” (armas blancas de fabricación casera) en los 55 penales bonaerenses. Asimismo, aseguraron que con estas requisas se logra mayor seguridad interna y externa.

En cuanto a las unidades penales platenses, en lo que va de 2017 se incautaron 2.535 teléfonos móviles; 92 chips; 97 cargadores; 4.156 pastillas psicotrópicas; 739 facas y 42 elementos contundentes. También se abrieron sumarios a un par de penitenciarios a los que les encontraron droga, dinero y psicotrópicos entre sus pertenencias.

Lo cierto es que, cuando se habla de la problemática penitenciaria, se pone el acento, generalmente, en el tema de la superpoblación que, por supuesto, es el más grave y seguramente el que engendra muchas otras ilegalidades y deficiencias. Sin embargo, la falta de opciones laborales y recreativas para los presos tendría que ser, dentro del panorama general, uno de los aspectos que debieran merecer una mayor atención por parte de las autoridades.

En forma reiterada los especialistas han señalado que, si los presos tuvieran suficientes alternativas para desarrollar trabajos y estudios dentro de la prisión, se estaría más cerca de cumplir con el objetivo de su resocialización. Existen experiencias que demuestran esta hipótesis. El grado de conflictividad en las cárceles disminuye sensiblemente cuando crecen los índices de laboriosidad y esas alternativas permiten, además, desarrollar programas de integración con la comunidad que resultan positivos para la población carcelaria.

El trabajo y el estudio deben ser estimulados dentro de las cárceles, como también el deporte. Todas las unidades penitenciarias deberían contar con talleres y bibliotecas; en definitiva con espacios y herramientas suficientes para el desarrollo de actividades laborales y académicas, además de adecuados ámbitos para la recreación. Por supuesto, este objetivo también requiere una cantidad de personal penitenciario que resulte satisfactoria.

En la medida en que se profundicen las opciones laborales y educacionales para los presos, se hará un valioso aporte -además- al objetivo de bajar los elevados índices de reincidencia delictiva en el ámbito bonaerense. Está claro que, si las cárceles no cumplen su función socializadora -que excede en mucho el mero alojamiento de procesados o condenados- se potencia un círculo perverso en el que crecen inexorablemente los índices delictivos.

 

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