La Provincia necesita contar con la independencia e idoneidad que supone una policía judicial

A pocos años de recuperada la democracia en 1983, en la provincia de Buenos Aires comenzaron a impulsarse proyectos legislativos destinados a crear la Policía Judicial , como cuerpo independiente del poder político e integrado mayoritariamente por civiles, destinado a investigar solamente los delitos complejos. Desde entonces se sancionaron dos leyes de creación y se incorporó a esa nueva institución a las cláusulas de la reforma de la Constitución provincial de 1994. Sin embargo, a pesar de la vigencia de ese cuadro normativo y de que de que ya han pasado, largamente, más de tres décadas, la Policía Judicial sigue sin poder funcionar.

Fueron múltiples las controversias instrumentales -salvo a través de una experiencia piloto y muy reducida- que impidieron la puesta en práctica de la Policía Judicial en la provincia. En especial, se debatió mucho y soterradamente sobre de quién dependería: si del Poder Judicial o de la tradicional fuerza de seguridad del Poder Ejecutivo. Los años pasaron y se prefirió, en definitiva, por una u otra razón, no desatar ese nudo controversial. Finalmente, hubo acuerdo en que dependerá de la administración de Justicia bonaerense y que actuará como auxiliar directa de los fiscales y jueces.

Ahora surgió otro inconveniente, de índole instrumental, relacionado al cuerpo de autoridades, al quedar planteada una situación litigiosa consistente en que se encuentran suspendidos los nombramientos que se habían concretado en octubre del año pasado. Tal como se informó, quienes concursaron en forma exitosa para ocupar los cargos de autoridades del cuerpo acudieron a la Justicia para lograr que esos nombramientos se hagan efectivos. Se sabe que esas designaciones se encuentran objetadas y frenadas, ya que desde la Procuración General -que atravesó en esta época el proceso de recambio de su titular- se ordenó suspender el proceso de designación, al entender el Ministerio Público que los concursos se habían concretado en medio de irregularidades. Se está, pues, ante un tema sobre el cual no puede abrirse juicio alguno, ya que le corresponde dirimir ahora a la Corte.

Sea como sea, desde esta columna se insistió siempre en la necesidad de contar con una Policía Judicial especializada en la investigación de delitos. En las últimas décadas la Provincia –esencialmente su Poder Judicial en muchas causas tramitadas en el fuero penal- padeció las consecuencias de no disponer de investigadores altamente capacitados, dotados de recursos y de mayor independencia para actuar.

Se conoce sobradamente que, en la mayor parte de las causas que se ventilan en los tribunales, la falta de celeridad en los procesos y, sobre todo, los errores en la etapa de la instrucción responden a déficits estructurales que el Estado no termina de enfrentar y resolver. La escasez de recursos materiales y la falta de personal debidamente capacitado, especializado en la ciencia investigativa, resultan ser condicionantes demasiado gravosos para la administración de Justicia. Muchos casos, de gran repercusión social, se extinguieron en la nada.

En cambio, sobran experiencias en otros países y aún en provincias de nuestro país demostrativas de que la Policía Judicial reduce el margen de impericias y omisiones en la toma de recaudos elementales, en la colección de prueba y otras deformaciones que impiden el esclarecimiento de muchos delitos y desvalorizan la acción de la Justicia. Han sido muchas y muy graves las omisiones registradas en la investigación de casos, desde el deficiente aprovechamiento de recursos tecnológicos hasta el levantamiento de rastros, cuidado de la escena del crimen, debida ponderación de los informes médicos y psicológicos, entre muchos otros aspectos, como para no alentar firmes expectativas en el definitivo lanzamiento de este nuevo cuerpo auxiliar de la Justicia.