Piden indagar a De Vido por el caso Odebrecht

El fiscal federal Federico Delgado requirió que el diputado nacional y ex ministro kirchnerista de Planificación e Infraestructura Julio De Vido sea citado a declaración indagatoria por presuntos sobreprecios en contratos con la constructora brasileña Odebrecht SA.

Fuentes judiciales informaron que el funcionario del Ministerio Público incluyó en el requerimiento que presentó al juez federal Daniel Rafecas a otros 14 imputados, entre ellos, el ex secretario de Energía Daniel Cameron y el ex titular de ENARGAS Fulvio Madaro.

En la causa que investiga el proyecto Ampliación Gas 2006-2008, de construcción de los gasoductos Norte y Sur, el fiscal los imputó por “defraudación contra la administración” y “negociaciones incompatibles con la función pública” y adelantó que “casi seguro” también hubo “cohecho” (coimas).

MAS LLAMADOS

La lista de llamados a indagatoria se completa con el ex vicepresidente de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) Luis Beuret, el ex subgerente de CAMMESA Julio Bragulat, el ex subsecretario de Combustibles Cristian Folgar, el ex gerente de Nación Fideicomisos SA Néstor Ulloa, el ex subgerente de Nación Fideicomisos SA Marcelo Quevedo Carrillo, Roberto Phillipps y Marcelo Brichetto. Además, Daniel Ridelener, de Transportadora de Gas del Norte SA; Pablo Ferrero, de Transportadora de Gas del Sur SA; Armando Roberto Loson, de Rafael Albanesi SA, y Flavio Bento de Faría y Marico Faria Silva, apoderados de Odebrecht SA.

“El ministerio de Planificación se valió de la figura de los fideicomisos, lo que garantizó fiscalizaciones limitadas y permitió realizar licitaciones arregladas cuyos rasgos principales fueron la participación de pocas empresas y los sobreprecios”, sostuvo el fiscal. Subrayó que al analizar el expediente “hay certezas” de que se pagaron coimas “pero aún no hay pruebas”, y consideró que “los posibles sobornos incentivaron la elección de empresas, el ingreso de nuevos actores y los costos mayores sin justificación”.

“Todas esas características generaron que el Estado nacional terminará pagando valores mucho más elevados por las obras que en lo que en rigor de verdad valían”, enfatizó, y puntualizó que “el Estado nacional fue engañado por un grupo de funcionarios y de empresarios privados”.

Delgado hizo hincapié en que “los empresarios junto a los funcionarios públicos y los responsables de administrar los fondos del Estado al momento de los hechos investigados, engañaron al Estado nacional en la contratación, para sacar un beneficio económico a cambio”.

Según el fiscal, “se disfrazó un gran segmento de la obra pública en privada. Por tal razón, no se trató de negocios entre privados, sino que el Estado fue creador y partícipe de la puesta en marcha de toda la maquinaria de funcionamiento de las contrataciones de la obra pública en el país”.

A criterio del Ministerio Publico, se detectaron “tres dimensiones que hicieron posible la defraudación, la negociación incompatible y probablemente el cohecho”.

“La primera de ellas: el armado de la estructura legal de la obra pública. Se trató de toda la ingeniería normativa que se creó para suspender las leyes preexistentes y así disponer del dinero sin mecanismos de control.

La segunda: las contrataciones privadas donde se produjeron los sobreprecios (privadas a medias porque estaba Cammesa y porque la Secretaría de Energía y el Enargas ‘acompañaron’ las decisiones de las firmas privadas).

La tercera de ellas: los posibles sobornos incentivaron la elección de empresas, el ingreso de nuevos actores y los costos mayores.

La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado intentará emitir la semana próxima un dictamen del proyecto de ley de Responsabilidad Empresaria con modificaciones al aprobado en julio por la Cámara de Diputados, que el senador justicialista Miguel Pichetto calificó como “un verdadero mamarracho”.

Pichetto confirmó ayer que el proyecto para castigar a las personas jurídicas por delitos contra la administración pública que aprobó Diputados será modificado porque, dijo, “queremos hacer algo serio” y que la norma “sea coherente y sirva al Estado para investigar”.

El jefe del principal bloque opositor fijó, de esta manera, posición respecto del texto que aprobó Diputados el 5 de julio con importantes cambios introducidos en medio del debate en particular que fueron aceptados por el interbloque Cambiemos.