Justo reclamo bonaerense a favor de una actualización del Fondo del Conurbano

El planteo formulado por la provincia de Buenos Aires a favor de una actualización del Fondo de Reparación Histórico del Conurbano ha suscitado, como se sabe, una dura controversia con los gobernadores peronistas que, en estas jornadas, vienen rechazando la cesión de más recursos al primer Estado argentino, en una situación que se mantiene indefinida y tensa desde hace, por lo menos, dos décadas. En este sentido, la actitud asumida por las autoridades de nuestra provincia, que reclaman esa restitución, merece un pleno respaldo.

En esencia, le asiste razón al reclamo bonaerense toda vez que la Provincia está pidiendo lo que legal e históricamente le corresponde y lo que se le debe por coparticipación, en base al aporte que realiza.

Se ha precisado que ello equivale a lo que hoy sería un presupuesto entero, alrededor de 460 mil millones de pesos. Como se sabe, los fondos federales se integran con los aportes que realizan el gobierno nacional y, en otra parte, las provincias. Sin embargo, los gobernadores se niegan a devolver ese dinero retaceado en los últimos ejercicios, sin fundamento, a las arcas del Estado bonaerense.

Unas pocas y sencillas fórmulas le dan consistencia al requerimiento de nuestra Provincia. La primera de ellas es la de que Buenos Aires aporta entre el 37 y el 40 por ciento de los fondos que recibe el erario de la Nación a través de los impuestos y, en cambio, ahora sólo recibe el 18 por ciento.

Como se sabe, la insuficiente e inequitativa distribución de recursos de la llamada coparticipación federal de impuestos vino perjudicando en forma ostensible a la provincia de Buenos Aires. La participación de la provincia en los fondos nacionales coparticipables fue del 35 por ciento en 1972; hacia fines del último gobierno militar, en 1982, el porcentaje se redujo al 28 por ciento, lo que dio pie en esos años a fuertes reclamos por parte de la administración entonces a cargo de Alejandro Armendáriz. Sin embargo, al sancionarse la llamada ley de coparticipación en 1988, esa porcentaje se había desmoronado al 21,85 por ciento.

Buenos Aires aporta entre el 37 y el 40 por ciento de los fondos que recibe el erario de la Nación a través de los impuestos y, en cambio, ahora sólo recibe el 18 por ciento

A raíz de ello, fue creado en 1992 el llamado fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, con el propósito de compensar la coparticipación que Buenos Aires fue perdiendo años antes. Se formó con una quita del 10 por ciento de la recaudación de Ganancias, pero en 1996 se le fijó un tope a Buenos Aires de 650 millones de pesos, distribuyéndose el sobrante en todas las provincias. Lo cierto es que la recaudación de Ganancias creció en forma sustantiva, al punto de que en 2016 superó los 42 mil millones de pesos, pero la provincia de Buenos Aires quedó estancada, recibiendo sólo el 2 por ciento de esa suma.

Esto ha creado, en perjuicio de Buenos Aires, una clara situación de inequidad y de falta de solidaridad: lo cierto es que cada ciudadano bonaerense recibe hoy sólo un tercio de lo que reciben los habitantes de las demás provincias argentinas. Como se sabe, la Corte nacional aceptó recientemente tratar la causa judicial iniciada por la administración bonaerense contra el Estado nacional que se encuentra en trámite.

Con el gravoso peso demográfico del Gran Buenos Aires, que concentra la mayor parte de la población argentina, el Estado bonaerense enfrenta el drama estructural de la inexistencia de suficientes servicios públicos esenciales, la presencia de muchas escuelas carenciadas u hospitales privados de insumos, la obsolescencia de un sistema vial destrozado y, entre otras carencias, las enormes dificultades del tesoro para actualizar los sueldos, en un panorama que variaría en forma sustancial si se le restituyeran al Estado bonaerense los recursos federales que, en buena ley, le corresponden y que la Nación le viene retaceando sin justificación alguna.

El reclamo de la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano y otros recursos impositivos en los que se ve excluida, no sólo rompe con una inexplicable pasividad sino que puede canalizarse por las vías legislativa y judicial, así como por otros medios conducentes, para derogar a las actuales leyes de coparticipación, que son inconstitucionales, carecen de equidad y dañan el espíritu democrático.